Gerardo Hernández

ZÓCALO

Corrupción y violencia

La corrupción y la crisis de derechos humanos en nuestro país parecen no tener fin, según se desprende del siguiente texto de Gerardo Moyano, publicado en la edición 579 del bisemanario Espacio 4
“Si en 2017 México se ubicó como el país más corrupto de América Latina (según datos de Transparencia Internacional) y vivió el año más violento de la última década (con 23 mil 101 homicidios dolosos), en 2018, la situación podría empeorar.
“La falta de titulares en la Fiscalía General y en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como los amparos y protestas contra la Ley de Seguridad Interior, auguran un oscuro año en materia de justicia y transparencia.
“En este sentido, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) advirtió en un comunicado que el primer paso para resolver esta crisis es la abrogación de Ley de Seguridad Interior y una reforma que garantice que la Fiscalía General sea realmente autónoma e independiente”.
“‘2018 es un año fundamental para los derechos humanos, pues la disyuntiva entre un estado violador de derechos humanos y uno que está diseñado para fomentar la corrupción y la impunidad se resolverá no sólo en lo electoral. La efervescencia civil no será espectadora del reparto de los botines. Procesos como #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra son ejemplos de ello. La sociedad expresará con claridad sus posiciones y ello nos llevará a tensiones previsibles más allá de lo electoral’, señaló la ONG.
“Lo mismo alertó la Arquidiócesis Primada de México: ‘Corrupción y violencia fueron los ingredientes del desastre nacional (en 2017), y no hay indicadores que nos hagan suponer que en estos dos aspectos el panorama será mejor para 2018, ni asomos de soluciones para aplacar tales calamidades’.
“En su semanario Desde la Fe (31-12-2017), la Iglesia católica criticó que la nueva Fiscalía General esté ‘virtualmente desmantelada y acéfala, rehén de los partidos políticos’, que no haya ‘acuerdos para la designación del Auditor Superior de la Federación’, y que el SNA carezca ‘de funcionarios capaces y con alto sentido de responsabilidad por el servicio público’.
“La Arquidiócesis, que días antes había pedido revisar la Ley de Seguridad Interior (LSI) para que el uso de las Fuerzas Armadas no esté sujeto ‘al arbitrio discrecional de gobernantes’, lamentó también el aumento de la violencia, el cual atribuye a la rapacidad de los políticos. ‘Nuevamente la corrupción parece ser el combustible que inflama este fuego (de la violencia), que nadie ha podido sofocar con las armas del imperio de la ley’, señaló.
“A ello, se suman dos reportes de organismos internacionales que critican la falta de acción de las autoridades mexicanas para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero.
“El primero de ellos, de la fundación Insight Crime, prevé un aumento de la violencia por la atomización de los grandes carteles, como el de Sinaloa, la Familia Michoacana y los Zetas, y lamenta que la Coordinación Nacional Antisecuestros (Conase), creada en 2014 con una inversión de dos mil 268 millones de pesos, no haya dado resultados. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cinco años se han registrado más de seis mil 235 secuestros, al menos mil 280 más que los reportados en el mismo período durante el Gobierno de Felipe Calderón”.

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