Si el gobierno está haciendo cosas malas, es solo el gasto lo que previene que el daño sea más grande.
MILTON FRIEDMAN
En términos generales, el presupuesto 2022 ha sido presentado con criterios muy sensatos y macroeconómicamente equilibrados. A la vista, todo resulta manejable, con déficit controlado y un manejo inteligente de la deuda. Sin embargo, la fotografía que nos presenta la autoridad hacendaria, encubre un gasto desordenado y arbitrario que no responde a criterios de movilidad social o mayor generación de riqueza.
Permite a la administración sobrevivir exiguamente y proyectar un escenario de confianza artificial y frágil, fragilidad que resulta de las posiciones ambiguas, a veces delirantes, de un gobierno que transita entre contradicciones, para el que la línea entre lo justo y lo injusto, el estado de derecho y la legalidad, dependen del humor del gobernante o de la insidiosa información allegada la noche anterior, por algún subalterno ideologizado.
Es loable el esfuerzo esquemático practicado por el nuevo Secretario de Hacienda, pero es previsible que el segmento del gasto sea ampliamente debatido por la oposición, independientemente de que el renglón de los ingresos provenga de estimaciones optimistas y puedan ser aceptadas por los legisladores. Lo anterior porque es evidente que el gasto tiene una alta concentración en la región sur – sureste, en el fortalecimiento de los programas sociales y en el seguimiento a los proyectos presidenciales, así como recuperar la economía de PEMEX. Nada indica en él que pueda provocar movilidad social, disminución de la pobreza o reducción de la desigualdad. Alcanza para sostener la imagen asistencialista y paternal del presidente, su popularidad, más no para satisfacer las aspiraciones de una sociedad como la nuestra.
Hasta los regímenes anteriores la inversión productiva representaba un 22% del PIB; ahora ha caído a 18% y de eso solo el 2% es inversión pública. El gasto en infraestructura está altamente concentrado en la rehabilitación y fortalecimiento del sector energético del Estado, sin contar con que varios proyectos de infraestructura son gerenciados y ejecutados por el Ejército, disminuyendo así el impacto social de las obras.
En materia de gasto social, la buena noticia es que el presupuesto para la salud crecerá, para quedar en el 2.9 del PIB, esfuerzo que puede ser nulo por la impericia e irresponsabilidad de una burocracia inexperta, sin capacidad ni iniciativa, que arroja sub ejercicios anualmente y gasta sin transparencia en medio del desorden administrativo. Cada vez es mayor el faltante de medicinas en el sector social y en tres años en el poder no han podido instrumentar un sistema ágil y eficiente de compras consolidadas, mucho menos una distribución oportuna. Adicionalmente, ha disminuido la inversión en infraestructura escolar respecto a sexenios anteriores y el Conacyt redujo su presupuesto en casi 50%, para impulsar una ciencia ideologizada.
Cuando gastas mucho y mal, de poco sirve un paquete económico optimista, diseñado para dar confianza a los mercados internacionales, pero que no contribuye a la movilidad y al equilibrio social. La obsesión por evitar déficit y endeudamiento, limita la cantidad y la calidad de la inversión, tanto en infraestructura productiva como en el crecimiento económico con impacto en la mejoría del nivel de vida.
Es evidente el énfasis en la transferencia directa de recursos para mitigar mínimamente los efectos de la pobreza, mientras se busca recuperar la capacidad de las empresas productivas del Estado, pero nada indica que esta política vaya a resultar en un ascenso para las clases medias o en la reducción de los índices de pobreza y pobreza extrema, en aumento desde 2018.
Esta política ha llevado a agotar los fondos de reserva y fideicomisos de previsión, establecidos para amortiguar impactos económicos externos, ha disminuido la capacidad de atención de las instituciones y actualmente, pese a las reservas que celosamente ha guardado el Banco de México, hay vulnerabilidad. La posibilidad de enfrentar con éxito condiciones adversas, posibles en la economía internacional, es frágil.
No se puede predecir cómo quedará finalmente la distribución del gasto, pero es altamente probable que la mayoría legislativa que tiene el partido en el poder siga dando prioridad y preeminencia a las vertientes que ha señalado el presidente de la república. Hay una gran contradicción de fondo en este presupuesto que no combate la pobreza ni auspicia la movilidad social, en un gobierno cuyo lema principal es primero los pobres. La falta de un proyecto de desarrollo ordenado, coherente y con metas cuantificables, enfocado en las causas y no en los efectos de la pobreza y la desigualdad, resta credibilidad y confianza en la efectividad de los programas sociales.
Se requieren metas más palpables que el abstracto crecimiento del 4 al 6% pronosticado y que se haga evidente que el gasto obedece a algo más estructurado que la intuición, la percepción y el criterio personal del presidente. El esfuerzo programático enviado al poder legislativo como paquete económico, solo sirve para legitimar el gasto a realizar al antojo y prioridades de la voluntad presidencial.
