México obtuvo una resolución favorable en un arbitraje internacional promovido por fondos estadounidenses vinculados con acreedores de TV Azteca, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó que no tenía jurisdicción para atender la reclamación contra el Estado mexicano.
El laudo internacional fue iniciado en 2023 por Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, fondos que reclamaban una indemnización superior a 219 millones de dólares, al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ante el CIADI, organismo del Banco Mundial (BM) encargado de resolver controversias entre inversionistas y estados.
Los fondos argumentaban que, como inversionistas estadounidenses, fueron afectados por resoluciones emitidas por autoridades judiciales de la Capital del País relacionadas con un litigio por deudas de TV Azteca.
La controversia se originó luego de que la televisora dejó de cubrir pagos asociados con bonos emitidos en mercados internacionales.
La Secretaría de Economía (SE) informó este miércoles que el tribunal arbitral del CIADI resolvió el caso en favor de México el pasado 30 de julio.
La inviabilidad jurídica del TLCAN en disputas privadas
“Cyrus y Contrarian argumentaron ser inversionistas estadounidenses que, a través de filiales constituidas en las Islas Caimán, adquirieron bonos de deuda emitidos por TV Azteca. La reclamación se basó en una supuesta afectación a sus inversiones debido a una resolución emitida por un juzgado del Poder judicial de la Ciudad de México”, refirió la dependencia.
“En esencia, el tribunal determinó que ni Cyrus ni Contrarian podían ser considerados inversionistas y no contaban con una inversión conforme al TLCAN, por lo que resolvió carecer de jurisdicción para resolver el caso, desestimando el arbitraje en su totalidad”, sostuvo.
Según Economía, el CIADI ordenó además a los fondos pagar en favor de México una “cantidad considerable” por concepto de gastos y costos del arbitraje, aunque no detalló el monto y acotó que el laudo está en proceso de revisión para identificar información confidencial susceptible de protección.
“Desde el inicio del arbitraje, México sostuvo que el arbitraje de inversión no era la vía procedente para resolver el arbitraje y mucho menos aspectos relacionados con la controversia entre Cyrus y Contrarian con TV Azteca, en la cual el Gobierno de México no tiene ingerencia alguna. La defensa de México se centró en demostrar que las reclamaciones de Cyrus y Contrarian tenían serias deficiencias que impedían al tribunal arbitral resolver la controversia conforme el TLCAN”, expresó la dependencia a cargo de Marcelo Ebrard.
La Secretaría señaló que la defensa fue realizada con apoyo de la firma Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.
El origen del conflicto financiero
Los antecedentes del caso se remontan a agosto de 2017, cuando TV Azteca, con propiedad mayoritaria de Grupo Salinas, emitió 400 millones de dólares en títulos de deuda con un contrato de fideicomiso celebrado con el Bank of New York Mellon como fideicomisario y agente de pago principal.
TV Azteca había acordado hacer pagos semestrales de intereses a los tenedores de las notas, a una tasa de 8.250 por ciento anual, pero con el argumento del impacto de la pandemia del Covid-19, desde febrero de 2021 dejó de cumplir.
Así, en 2022, acreedores de la empresa de Ricardo Salinas Pliego iniciaron acciones legales para exigir el pago de aproximadamente 480 millones de dólares al señalar incumplimientos en dichas obligaciones financieras.
Los inversionistas acusaron que la televisora obtuvo de manera secreta del juez Miguel Ángel Robles Villegas una sentencia que le permitía dejar de pagar hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS)decretara la extinción de la pandemia de Covid.
Cyrus y Contrarian acudieron entonces a tribunales de Nueva York debido a que la deuda estaba denominada en dólares y su documentación se regía por la legislación de esa entidad, y posteriormente llevaron el caso al CIADI al considerar que actuaciones del sistema judicial mexicano afectaron sus derechos como inversionistas.
Los fondos sostuvieron durante el arbitraje que existió una supuesta denegación de justicia y buscaron que el Estado mexicano respondiera por esas acciones.
