El titular de la Dirección de Profesiones del gobierno del estado de Querétaro, Arturo Vallejo Casanova, reportó que la Fiscalía General del Estado de Querétaro ha requerido de la colaboración de esta dependencia para la investigación de fraudes y usurpación de funciones, por parte de pseudoprofesionistas.
El funcionario señaló que dicha colaboración se ha promediado entre 50 y 70 carpetas de investigación mensuales. Sin embargo, en materia de usurpación de funciones, solamente se han acreditado cinco o seis casos.
“Nosotros revisamos mensualmente entre 50 y 70 carpetas de investigación que solicitan información de la Fiscalía. En muchos de los casos hay algunos que son de usurpación de profesiones, en algunos que el profesionista no cumple con los requerimientos de la contratación de la prestación del servicio, un abogado, un médico, un arquitecto, etc. En el caso de usurpación de profesiones, nosotros durante estos cinco años no hemos detectado realmente un número importante de casos más que los que se han publicado, cinco o seis lamentablemente en Querétaro, pero podemos decir que estamos trabajando con Fiscalía y el Tribunal Superior de Justicia“, aseguró.
Piden verificar cédulas profesionales
Vallejo Casanova indicó que, tras el reciente caso de la cirujana plástica en Juriquilla que hizo una mala praxis, señaló que se tiene registro de 20 cirujanos en la entidad que prestan el servicio de forma certificada.
Además, recordó que se contabilizan poco más de 110 colegios y gremios de profesionistas en diferentes áreas.
En este sentido, Arturo Vallejo resaltó el llamado a los colegios, instituciones y ciudadanos a que se revise y verifique la cédula profesional de quienes prestan servicios de distintos giros.
Detalló que, entre las principales profesiones usurpadas, se encuentran cirujanos plásticos, dentistas, odontólogos y abogados, entre otros.
“Nosotros estamos convocando para que el ciudadano asuma un compromiso real; y también para quienes rentan y quienes ofertan estos espacios para que sean sancionados con todo el peso de la ley, porque no se puede permitir que en cuestión de salud alguien corra el riesgo de perder la vida, en la contratación de un abogado pueda inclusive perder algún bien su patrimonio“, concluyó.





