ENCUENTRO CIUDADANO
En 1857 Ponciano Arriaga reflexionaba sobre la regulación de las tareas de las fuerzas armadas en tiempos de paz, señalando: “…será imposible, de todo punto imposible, que la autoridad política se moralice y recobre sus legítimos derechos, si ha de estar teniendo frecuentes ocasiones de entrar en comercio de condescendencias, debilidades y funestas consideraciones con el poder militar”. Y 162 años después la ONU manifiesta que “las corporaciones civiles no mejorarán si en la vía de los hechos son fortalecidas las fuerzas armadas”. Lo anterior es uno más de los argumentos que deberían hacer suyos las fuerzas armadas y la clase política y empresarial que les respalda, en el intento de continuar la guerra contra el narco de manera frontal.
No es de sorprender la ramplonería de los argumentos de los generales de división en retiro Carlos Demetrio Gaytán Ochoa y Sergio Aponte Polito, quién indebidamente se ostentan como portavoces de las fuerzas armadas. Entre sus provocadores argumentos estaba el hablar de un “antes y el ahora”, sin un asomo de autocrítica sobre su inoperancia, abuso de poder y violación a derechos humanos. Y es menester el señalar que los despliegues militares en tareas de seguridad no han sido un factor para revertir el aumento de violaciones a derechos humanos, por el contrario, su presencia incremento los abusos. Una somera revisión de su actuar los últimos 12 años, muestran la regularidad con que las fuerzas armadas cometieron abusos, que se tradujeron en el incremento de quejas y denuncias interpuestas ante la CNDH. Así, entre 2007 y 2017, se presentaron cerca de 11 mil quejas, que derivó en 146 recomendaciones. Los casos documentados dan cuenta de que con excesiva frecuencia el despliegue militar en tareas de seguridad pública se asocia a violaciones a derechos humanos (ejecuciones, desapariciones, tortura, etc.), que tienden a culminar con un desenlace común de impunidad (La Jornada publicó el pasado lunes, que en la extinta PGR, 9 de cada 10 casos no llegaron a un juez). Así el “antes”.
A todas luces los supinos generales Gaytán y Aponte, desean institucionalizar a perpetuidad la intervención castrense en tareas de seguridad, ofreciendo mantener las cifras del horror, violando derechos con toda impunidad.
Para el “ahora”, el investigador Raúl Benítez Manaut, señala que es necesario un debate profundo, sobre lo conceptual y doctrinal en lo militar y lo policíaco. Se deben discutir tácticas y estrategias, debiendo tener en cuenta las capacidades reales de todas las instituciones de seguridad nacional, defensa, seguridad pública, inteligencia y judiciales. El problema es un todo, donde las partes no actúan solas. Recordando el vínculo legal que sella la unión entre los derechos humanos, las leyes, los cuerpos de seguridad nacional y del orden público.
La ofensiva militar contra las drogas iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto, no es el horizonte desde el que puede construirse en México una seguridad sin guerra. Las alternativas requieren una acción integral, que reconozca los duros aprendizajes de más de una década de fracasos tiene que convencernos que la guerra contra el narcotráfico no traerá la paz. Por más que se invoque el glorioso pasado en su actuar.
El enojo es ciudadano contra las declaraciones de los halcones militares, quienes con tristeza, miran que su tiempo y quehaceres, son del pasado.
Comentarios en Facebook a Fernando Corzantes y en fernandocorzantes@yahoo.com.mx
