ENCUENTRO CIUDADANO
Estas últimas semanas, debido a que cumplió un año el nuevo gobierno federal, se han realizado diversos análisis y valoraciones de las luces y sombras de este ejercicio del poder. Pero ¿por qué realizar un listado de aciertos y fracasos, de algo que es una obra en construcción? Por una razón: hace mucho que no teníamos a un presidente con tanta legitimidad y con tantas ganas de cambiar a México. Las expectativas son altísimas; y las oportunidades para ejecutar cambios son numerosas. El presidente debe cumplir y medir su desempeño basándose en resultados concretos. Resultados en lo que a las personas les importa: ingreso, empleo, seguridad, justicia, servicios públicos de calidad, etc. Cumplir con esto es su obligación. En estos 365 días de gobierno las obsesiones del presidente han quedado más que claras. El país entero advierte qué es lo que desea. A dónde quiere llegar. Que el camino elegido esté bien trazado es otro asunto, pero el presidente ha sido enfático. Ante este nuevo estilo de gobierno, la sociedad civil debe estar a la altura: debe también expresar sus argumentos clara y enérgicamente. Para unos o para otros los cambios han sido profundos, pero los resultados son insuficientes. El gobierno ha impreso una nueva dinámica, pero no ha resuelto problemas tan fundamentales como el de la seguridad, la injusticia, el pobre desempeño del gasto público, la educación y la corrupción.
A pesar de los magros resultados, la popularidad del presidente López Obrador se mantiene en niveles extraordinarios. Sin embargo, el presidente no ha empleado esa popularidad para llevar a cabo el tipo de transformación que él mismo propuso en su campaña y que ha estado ausente en los pasados 12 meses de gestión. Veamos de reojo sólo algunos de los grandes problemas nacionales.
El primer y gran reto es y ha sido el de la seguridad, dado que la crisis de seguridad por la que atraviesa el país forma parte de una larga historia de desatención a lo local. Gobierno y sociedad han ignorado la dimensión local de la criminalidad. Y en este primer año de gobierno no se han desmontado los mecanismos que desincentiven el involucramiento de las entidades en la creación de soluciones de política pública. Muchos sexenios han pasado y entidades y municipios no tienen herramientas para responder a las demandas de la población, ni han desarrollado las políticas para impedir y frenar a la delincuencia. Durante este tiempo se han privilegiado soluciones venidas desde arriba, lo que no ha ayudado a dar soluciones estables al nivel estatal y municipal. Hasta ahora, la política de seguridad de López Obrador ha caído en la misma dinámica. La toma de decisiones se centraliza en el gobierno federal y los militares siguen con la responsabilidad de atender la inseguridad del país. En esta ocasión amparados en un nuevo marco legal y bajo un nuevo nombre: la Guardia Nacional.
La Justicia ha mantenido un retroceso acelerado, que para remontar los niveles pavorosos de impunidad, la gran tarea es la construcción de una genuina política de Estado, pero en cambio hemos visto 12 meses de restricción de derechos y ampliación de espacios de arbitrariedad. El fortalecimiento de los Poderes Judiciales, también es la gran tarea pendiente. Los poderes judiciales siguen padeciendo problemas de nepotismo y corrupción, que socavan su legitimidad. De acuerdo con el Inegi, el 68% de los mexicanos percibe que los jueces son corruptos y el 45% dice confiar poco o nada en ellos. Ahora, el gasto público, llave de la inversión en infraestructura que puede y debe promoverse, existen las condiciones institucionales para su desarrollo orgánico. Tras 12 meses, no se perciben síntomas de recuperación en el sistema de inversión pública. Sobre la política energética, esta ha sido radical, es plausible la recuperación y reactivación de PEMEX, pero en la discusión pública ha estado ausente el reto ineludible: el fortalecimiento de la gobernanza al interior del sector. La educación continúa siendo una gran interrogante. La inclusión y equidad prometidas en la reforma educativa aprobada en mayo y reiterada en diversas ocasiones por el presidente y las autoridades educativas, no contará con recursos suficientes para su implementación.
Finalmente sobre el combate a la corrupción, ésta es el centro de la paradoja. A la corrupción lacerante se suma el reto de articular incentivos, procesos y políticas públicas para enfrentarla. En estos primeros meses de gobierno hemos visto más confusión que decisiones basadas en evidencia. Comentarios en Facebook a Fernando Corzantes y en fernandocorzantes@yahoo.com.mx
