FERNANDO CORZANTES / DE JUECES Y JUSTICIA

ENCUENTRO CIUDADANO

Nuestro sistema político se basa en la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), como un sistema de contrapesos. Sin embargo, hay distintos factores que afectan esta correlación. En el sistema presidencialista mexicano, el poder ejecutivo siempre ha tenido preeminencia en la vida política, relegando a los otros dos poderes.  En el caso del Legislativo es escasa su costumbre de tener discusiones de nivel y erigirse como un poder independiente.

A la llegada de AMLO a la Presidencia de la República, la oposición política ha demando y trabajado en crear los contrapesos suficientes para frenar los proyectos de la llamada 4T.  En el terreno de los partidos políticos no se ha podido concretar esta oposición, de hecho se han retraído debido a su fragmentación.  La cuestión se agrava al ver que el poder Judicial no hace contrapeso, sobre todo por la enorme corrupción que le corroe.  La corrupción, se convirtió en moneda corriente que encontrara en el poder judicial un lugar perfecto para anidarse. El amparo se convirtió en un recurso legal para que mucha gente poderosa o adinerada no pisara la cárcel, a pesar de las pruebas en contra que pudiera haber. Ministerio Público, jueces de distrito y hasta ministros de la Suprema Corte son parte de la corrupción que florece en México desde hace décadas.  Peor aún, fueron juez y parte, por lo que la corrupción fue dejando una estela muy clara de impunidad, gracias a un sistema de impartición de justicia bastante podrido en sus entrañas.

Con muchas décadas de retraso, pero hoy parece que al fin están coincidiendo voluntades políticas desde el poder, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil, para intervenir y rescatar a un Poder Judicial del que se desconfía por sus altos niveles de corrupción.  Ocho de cada diez ciudadanos, de acuerdo con la última encuesta del Observatorio Ciudadano, se pronuncian por lograr un Poder Judicial confiable, imparcial, honesto y verdaderamente autónomo.  Es de demandar que se elimine la opacidad, el influyentismo y el uso faccioso de la justicia que ha regido siempre en la operación de este Poder.

Por el gran número de casos, existe la urgente necesidad de hacer una profunda reforma del Poder Judicial de cara a la ciudadanía, la cual debe abrir de una vez por todas, puertas y ventanas de un Poder secuestrado por las mafias y las tramas de corrupción.

Veamos sólo un ejemplo. A lo largo de siete años (2011-2018), en el Estado de México encarcelaron a inocentes para mejorar la imagen oficial.  La policía detuvo gente sin órdenes de aprehensión y los torturó. Los ministerios públicos armaron expedientes con pruebas sembradas y los jueces condenaron sin testigos. Esto sucedió sobre todo durante el gobierno de Eruviel Ávila. Hasta el momento, hay más de 3 mil denuncias contra jueces y 78 contra magistrados estatales.  La razón de esta villanía: incrementar el número de sentencias condenatorias para elevar los índices de eficiencia y defender los avances de un gobierno en materia de seguridad pública.   Y recientemente se publicó información interna del Consejo de la Judicatura Federal por parte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quién encontró redes familiares de nepotismo dentro del Poder Judicial Federal (PJF), lista de estados donde destaca Querétaro.

Así las cosas.  Y para ser un agente transformador y un contrapeso real, el poder judicial debe iniciar consigo mismo.  De lo contrario está destinado al fracaso y a la desconfianza de la sociedad mexicana, que conoce de primera mano todo su historial de abusos y corruptelas.

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