Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Evaluación de un Político

Para nuestra vida cotidiana en el trabajo o en la escuela, sabemos que existen fórmulas o métodos para medir y cuantificar nuestras acciones, le denominamos evaluación.  Una de las actividades sociales que más nos impactan en esa vida cotidiana, es la política y en específico su acción a través de la administración pública.  Un gobierno presenta un proyecto que se concreta en un plan, el cuál debe llegar a ciertas metas y resultados, los cuáles son medibles, evaluables y finalmente comprobados o auditables.

Observamos que desde hace muy poco a un gobierno, así como a los políticos, se les evalúa y para ello se han utilizado mecanismos formales e informales.  Entre las informales encontramos las encuestas, los sondeos de opinión, las estadísticas, el posicionamiento en la sociedad, el apoyo o rechazo publicitario, etc.  Y entre los formales se encuentran el plebiscito, la revocación de mandato, el referéndum, transparencia, rendición de cuentas, etc., mecanismos legales que llevan a una acción prevista en la ley.

La política mexicana tiene usos y costumbres marcadamente vernáculos, donde su evaluación sirve preponderantemente a mostrar el músculo, no sólo en campaña electoral, sino a lo largo del período conferido, evidenciar las mejoras, avance, logros, de una administración.   Por ello la ciudadanía ha sido y está expuesta más que a mecanismos de evaluación gubernamental, a una campaña permanente de publicidad, teniéndola como sujeto pasivo que sólo recibe las buenas nuevas en una carrera sin freno.  Así es vista la andanada publicitaria que habla de la posición que tiene el gobernador de Querétaro, no sólo respecto a sus pares, sino frente al ejecutivo federal. 

Pero para evaluar políticos es importante conocer más allá de la publicidad o el golpeteo político; es importante tener un retrato fiel de la realidad y para eso necesitamos transparencia y rendición de cuentas.  Evaluar a los políticos es un ejercicio que todos los ciudadanos acabamos haciendo de vez en cuando, en el café, en el trabajo, en la familia. El punto es que no lo pensamos mucho. Pasamos de la glorificación a la condena con facilidad.   Nada más difícil que hacer este tipo de evaluación porque ni gobernantes ni legisladores desean que se les observe con lupa; por ello no es gratuito que México ocupe el lugar 106, de 177 naciones, en percepción de corrupción según los medidores de Transparencia Internacional, es decir, a nuestros gobiernos no les gusta la transparencia y por eso es muy difícil hacer una evaluación justa de su trabajo.

Veamos un ejemplo de ello y que es una de las principales funciones del servidor público, y de las más delicadas, el aplicar un presupuesto.  De manera que saber si se aplicó correctamente o conocer la efectividad en su aplicación son asuntos muy importantes.  La asociación México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, realizó un estudio en 2018 sobre la forma en que se maneja el gasto público en nuestro país; y señala que “En México, el presupuesto es una caja negra. Se gasta más de lo que se aprueba, se gasta diferente y no existen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas suficientes”.  Y se mencionan cinco puntos rojos: los presupuestos no son realistas, las ampliaciones (muy frecuentes) se destinan al cajón de ramos generales, el cálculo de los ingresos tampoco es realista (hay excedentes), no se explica bien a qué se asignan los excedentes, y el control y contrapeso legislativo es débil en el gasto.

Por ello para hacer una evaluación correcta de los gobernantes, es necesaria la fiscalización de su trabajo y para eso se supone que están las Auditorías Superiores. El problema es que no han funcionado, no han logrado consolidarse como un verdadero contrapeso al gobierno, ya sea por falta de recursos o complicidad.  La rendición de cuentas de los gobiernos estatales sigue siendo una agenda pendiente. Los constantes escándalos de endeudamiento y malversación de fondos en las entidades federativas evidencian la necesidad de fortalecer las instituciones responsables de vigilar el ejercicio de los recursos públicos en este nivel de gobierno.   Sólo con una evaluación legal y oportuna es posible analizar la calidad del político, esto a través de la unión de tres grupos de variables que están compuestas por ciudadanía, profesionalismo y liderazgo. Un buen ciudadano, un buen profesional y un buen líder darían como resultado un buen político de y por la democracia.  Pero, ¿cómo traducir estas dimensiones y hacerlas operativas?   Ese es el reto, que sea una acción concreta, sino sólo será un ejercicio publicitario.

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