Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

El racismo estructural

El racismo es la expresión a través del cual se vacía el contenido más retrógrado que como sociedad guardamos; los insultos, la burla caricaturesca sobre el origen humilde, enfrentan al mexicano con sus deseos de ser más blanco, más rico y más poderoso.  “Roma” y Yalitzia Aparicio logra reflejarnos como sociedad, una que no acepta que margina a los indígenas, que discrimina por el color de piel, por el aspecto, por el nivel socioeconómico, por la cultura o por ser mujer.   La sociedad mexicana perfeccionó desde la época de las castas la forma más sutil de separar a las personas por su color y estado socieconómico.   Eduardo Galeano escribió: “El racismo se justifica, como el machismo, por la herencia genética: los pobres no están jodidos por culpa de la historia, sino por obra de la biología. En la sangre llevan su destino y, para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del crimen”.   Dichas condiciones se mantienen y por ello en México la división de clase, la estratificación social y económica se ligan a elementos de origen. Quién es europeo y quién indígena o de procedencia africana o asiática, y al lenguaje, pues el país siempre se ha puesto a los hispanoparlantes muy por encima de los hablantes de las lenguas originarias que tenemos.  Ha sido imposible separar racismo de clasismo, tanto a nivel histórico como en la práctica social, pues en el último ámbito tendemos a leer la posición de las personas a partir de prejuicios y asociamos a las personas de piel morena con la pobreza y menor educación, y a los de tez blanca con privilegios, sofisticación, belleza y éxito.   El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, que en México la discriminación estructural se engrosa en las poblaciones afro descendiente, indígena y morena, cuya condición social está determinada por el tono de piel, siendo el 70% la población discriminada. El 30% que no lo es, concentra la mayor riqueza y tez clara.  Además a la población discriminada, se les niega un trato igualitario en derechos y servicios, y esto reproduce la desigualdad y dominación de clase en el país.  Pero en México, la discriminación, no se concentra en ese 30% de la población acaudalada. No sólo las personas con más recursos discriminan por razones sociales o económicas: lo hace cualquiera que crea estar por encima de las personas que considera pobres o con un estatus social inferior.   Según datos de medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, sólo una quinta parte de la población mexicana no es pobre, ni tiene alguna carencia social (rezago educativo, acceso a servicios de salud, alimentación, seguridad social, servicios básicos en la vivienda). De la población restante, más de la mitad es pobre y casi un tercio tiene una o más carencias. Es decir, somos un país de pobres que se discriminan.   Pero hay más. En México, ser indígena y ser mujer es una de las peores condiciones.  Particularmente esta condición se presenta en Querétaro de manera reiterada. Y uno de los violentadores cotidianos es el Estado, a través de diversos niveles e instancias.  El caso de las indígenas comerciantes que han recibido el peso de los Reglamentos y la Ley, lo comprueban.  Operativos, patrullajes, decomisos, desalojos, violencia, rondines y acoso, son sólo algunas de las prácticas en contra del sector poblacional más vulnerable.

En el estudio “Panorama socioeconómico de la Población Indígena de Querétaro”, se puede apreciar claramente la grave situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres indígenas del estado con respecto al resto de la población. En el tema de actividad económica, hay menos mujeres que hombres clasificadas como PEA ocupada. Y dentro de la PEA ocupada, son las mujeres quienes reciben menos ingresos. El aspecto donde se presentan las mayores desigualdades es la educación, seguido de la actividad económica.

Lo sucedido en diciembre pasado es la norma y regla de la violencia institucional consuetudinaria, porque se hila a los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminan, dilatan, obstaculizan e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas.

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