Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

El delito de difundir números

El calvario por el que pasó Aleida Quintana, comenzó en junio del 2013, cuando ella y su Grupo Interdisciplinario T’eKéi, documentaron las desapariciones en Querétaro.  Al integrar su estudio, diversos “servidores públicos” solicitaban no exponer cifras. Siempre preocupados por la imagen del estado, manifestaban, que sus declaraciones podrían causar paranoia y que eso ahuyentaría la inversión.  Los personeros del gobierno iban más a fondo cuando arteramente amenazaban diciéndole “Nosotros te decimos que no hagas esto (difundir las cifras), porque te estas poniendo en riesgo, pero si sigues así pues bueno, yo de una vez te digo que te vayas preparando. Nada más piensa en las mujeres que han sido violadas hasta por veinte policías. Yo no quisiera que esto te pasara, qué va a hacer tu familia si le llega un dedo tuyo. Piensa en tu mamá, en el dolor que le vas a provocar. Y de una vez te digo que no quiero que tu mamá me venga a llorar el día que no te encuentre”.

Este tipo de amenazas nos lleva a los años sesenta, setenta y ochenta del pasado siglo, cuando en México se vivió la aparición y desarrollo de grupos y movimientos sociales civiles y pacíficos que demandaban democracia y justicia.  Muchos de estos grupos sufrieron la represión en proporciones de dictadura, cuando el Estado mexicano los enfrentó con una violencia feroz, que combinó prácticas legales como ilegales, que incluían la detención ilegal, la tortura, la reclusión en cárceles clandestinas e incluso la desaparición. A esta forma represiva se le ha denominado guerra sucia. Un elemento nodal en estas prácticas fue la denostación, la criminalización, la ideologización que el aparato estatal puso en marcha contra todo aquel que se le opusiera.  Al parecer no nos hemos alejado mucho de esos escenarios.   

En abril de 2013, a un integrante de Grupo T’eKéi lo intentaron levantar en la alameda de Querétaro.  Después de ese atentado Aleida Quintana quedó como vocera del grupo, y es cuando en su contra se ejerce más presión y violencia.   En noviembre del 2014, el Grupo T’eKéi  exigió al procurador del estado información sobre mil 270 mujeres desaparecidas entre los años 2009 al 2013.  El procurador declaró ante los medios de comunicación que en Querétaro ‘no había un sólo desaparecido’, posteriormente se apersonó en la casa de Aleida Quintana, dejando un claro mensaje de poder, fuerza y amenaza.

En 2014 y 2015, las amenazas eran del tipo de abuso sexual “Te vamos a dar una cogida”, eran los mensajes que le enviaban por vía telefónica.

Después de hacer la denuncia y que le brindaran una escolta en agosto del 2015, ya dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación, a la mitad de una conferencia sobre feminicidio y desaparición de personas, un mensaje recibido en su teléfono decía: “así vas a terminar, hija de puta”.   Los mensajes y llamadas se convirtieron en una constante, aumentando de tono, como la recibida en la madrugada del 14 de febrero del 2016, en donde le indicaron que estaban afuera de su casa y que ‘se diera por muerta’.

En febrero de 2016, el Fiscal General del Estado de Querétaro, hizo un llamado a los padres de familia pidiendo que pongan atención en sus hijos, “porque el 92% es gente que se va por su voluntad”.  Es más, en la página web de dicha dependencia fueron publicadas una serie de “medidas de prevención” de extravío de menores entre las que se puede leer la siguiente: “Recuerda que tus hijos e hijas son tu responsabilidad, tu papel como madre o padre es ser ejemplo y guía de un buen comportamiento”. Dichos actos responsabilizan a las madres de la desaparición de sus hijas, por lo que el tema de seguridad recae en las y los ciudadanos y no en las instancias encargadas de garantizar justicia.  Así, continua operando la política del no pasa nada, totalmente confrontada con el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).  El pasado mes de septiembre Alan García Campos, oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hizo un llamado a las autoridades de Querétaro para que a la brevedad acaten el mandato de conformar una Comisión Local de Búsqueda, asigne recursos y acompañe a las familias de los desaparecidos.  Eso demostraría su voluntad política.

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