Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Aleida Quintana

México tiene el deshonroso liderato en latino américa en número de feminicidios con 2 mil 813, sólo cometidos en 2016 y este nivel de violencia es alarmante porque impacta en el desarrollo social, económico y cultural del país.  Hace unos días activistas del Comité Promotor de la Alerta de Género en Querétaro exigieron al gobernador Francisco Domínguez reconocer los 18 feminicidios ocurridos sólo en este año y sacar del cajón las reformas legales aprobadas en 2017 por la Legislatura y que se ha negado a publicar.  Cabe recordar que en Querétaro se han registrado 22 feminicidios por año de 2015 a 2018 según varias agrupaciones, colectivos y activistas feministas.  Pero la Fiscalía del estado reconoce sólo dos casos en lo que va del sexenio.   Estas recientes y dolorosas cifras llegan a la mente después de leer la publicación del pasado domingo 28 de octubre, en un periódico de la Comunidad Autónoma de Canarias (España). Se trata de una entrevista desgarradora por su contenido implícito y significado, en particular para Querétaro.  Ahí señaló con claridad la activista Aleida Quintana, antropóloga social y defensora de los derechos humanos: “No puedo regresar a México mientras no me garanticen una vida libre de violencia”.  Invitada y acogida por el Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI) desde el pasado mes de marzo, informó que salió del país porque fue agredida y amenazada de muerte.  Así las cosas en éste Querétaro, donde afirman sus autoridades “no pasa nada”.   Pero en el Coeficiente TAI 2017 (variables de: Transparencia, Anticorrupción e Impunidad Cero), Querétaro obtuvo el valor máximo (100, el cual es negativo) en el rubro de ‘Transparencia’, es decir, en el estado hay opacidad total en cuanto a la apertura de información del desempeño de los sujetos obligados, es decir el aparato de gobierno.  Así, la opacidad y el contubernio por parte de la fiscalía, sigue siendo una constante en Querétaro.

Por ello la situación de Aleida es similar a la de miles de mujeres desaparecidas en México, a quienes en un principio se les amenaza, se les persigue y finalmente se les asesina. Y Querétaro no es la excepción.

Aleida Quintana era reconocida en nuestra entidad y en el país por su labor de acompañamiento e investigación de personas desaparecidas, víctimas de la trata, feminicidios, explotación sexual, trabajo forzado, sicariato, mendicidad, trabajo doméstico y matrimonio forzado, muchas veces acompañada de las familias afectadas.

En la entrevista referida, Aleida Quintana señaló que “en México son asesinadas cada día siete mujeres y 19 personas desaparecen. Hay un contexto de mucha violencia y de mucho silencio, un silencio mediático que oculta a nivel nacional e internacional los horrores que se están viviendo”.  Así, mientras no existan mecanismos de seguridad no puede volver al país, hasta que esta situación cambie.   Y para un cambio real, no basta con la existencia de una ley de protección de defensores de los derechos humanos y periodistas, si no se cuenta con recursos suficientes, con autonomía y la voluntad política de realizarlo.  Cada día crece más la demanda de garantizar una vida libre de violencia, como señala la Ley de Igualdad en México y la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

Cabe recordar que Aleida fue agredida físicamente el pasado 12 de enero, cuando dos hombres la golpearon por la espalda con un tubo, aunque las amenazas comenzaron en 2013.  En 2015 fue acosada telefónicamente, recibió amenazas y violencia física en la calle y fue víctima de hostigamiento y vigilancia en su casa, trabajo y en la cotidianidad de su vida.  Estos son algunos de los motivos por lo que decidió ingresar al “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación del gobierno mexicano. Sin embargo, ni el “botón de seguridad”, ni la escolta que cuidaban de su seguridad, inhibieron las amenazas contra ella.

Contra Aleida Alejandra Quintana Ordaz se orquestaron desde el gobierno del estado de Querétaro campañas de difamación y calumnias a través de servidores públicos, que estigmatizaron su labor, insistiéndole a la población de que inflaba las cifras, vociferando que estamos en un estado donde no existen delitos como la desaparición, la trata, los feminicidios y mucho menos la presencia del crimen organizado.

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