Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Los indígenas en Querétaro a 526 años

Como lo publicó “Plaza de Armas”, el pasado viernes sólo los Triquis oaxaqueños se acordaron de la ignominia y genocidio que inició hace 526 años y desfilaron por el Centro Histórico de Querétaro, demandando la atención del gobierno de Francisco Domínguez, quién “no se preocupa ni por los otomíes queretanos”.  Y no es para menos el apoyo Triqui a los Hñähñus de Querétaro, ya que nuestro estado no es la excepción del trato y arrinconamiento a que han sido sometidos los pueblos indios de México.   Históricamente hay un rezago económico, social y político en el que viven sus pueblos originarios.   Esto ha llevado a un proceso de atomización de sus poblaciones, que es en sí un proceso lento de exterminio.   Veamos el decremento a través de los Conteos y Censos de Población y Vivienda del INEGI.   En 2010  se indica que había 29,585 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 1.8 % de la población de Querétaro, distribuidos de la siguiente manera: Otomi ó Ñahñu 24,471; Nahuatl 1,429; Mazahua 579; y Zapoteca 302.   Pero en  2005 la población total de Querétaro fue de 1,598 139 habitantes, de los cuales 43,852 eran población indígena, esto es el 2.74%.   Cinco años antes, los indígenas eran 47,322, y representaban el 3.4% del total de la población queretana.   Esta disminución absoluta y relativa de la población indígena en Querétaro es semejante a lo que sucede en la mayor parte del país, donde la población indígena disminuyó, tanto en proporción con el total de la población, pasando del 11.2 al 9.5%, como en términos absolutos, al registrarse 390,790 indígenas menos en el 2005 que en el año 2000.   Para el año 2010 el total era de 6,695,228, es decir el 7.2%.

Aunado a esto, especialistas de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) han señalado que el estado presenta una creciente inmigración de indígenas hablantes de 33 lenguas distintas, los cuales llegan a la zona conurbada para dedicarse al comercio y para trabajar en la construcción.   La creciente inmigración proviene de los estados de Hidalgo, Michoacán, Oaxaca y del Estado de México.  La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Querétaro, indicó que en la entidad existen cerca de 62,000 personas que hablan otra lengua además del español.   Esta movilidad y decremento poblacional en los asentamientos originarios indígenas, tiene su raíz en la carencia de servicios y oportunidades de todo tipo.  Siendo su exclusión del sistema económico, político y social el germen de su diáspora.

Por ello es necesaria una nueva relación entre los pueblos indios del País y el resto de la sociedad, se requiere de una profunda reforma del Estado, un nuevo pacto social en el que se respete la autonomía de los pueblos indios.   Para que haya este respeto, toda acción, programa o proyecto de desarrollo que el Estado impulse debe garantizar la participación activa de los pueblos indios, y como tal debe basarse en los siguientes principios:

Libre determinación y autonomía: El Estado no podrá realizar acciones unilaterales y deberá respetar los planteamientos y revisiones de los pueblos, las comunidades y organizaciones indígenas.  Participación: Los pueblos y las comunidades deberán ser sujetos activos en el diseño, la planeación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos que se decidan, junto con el gobierno.  Pluralismo: Este principio busca que se respete la diversidad de todos los indígenas del País. Que no exista más discriminación contra nadie.   Integralidad: Esto quiere decir que los programas y acciones del gobierno tienen que abarcar los problemas completos y no intentar resolver sólo parte de ellos. Los problemas que tienen relación deben resolverse juntos.   Sustentabilidad: Es importante decir que los proyectos y programas no dañen el medio ambiente ni los recursos de los pueblos indios. Se busca con esto que se respete la naturaleza y la cultura de los pueblos indígenas.   Los cambios institucionales implicados en estos principios suponen una profunda reforma en el aparato de dependencias gubernamentales, en las políticas públicas que surgen de éstas y en la relación con pueblos y comunidades, y en su germen es la verdadera independencia y autonomía nacional, en defensa de su territorio y recursos.

La llamada Cuarta transformación, no debe pasar por alto estos principios.

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