Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

De justicia y gansitos

En el informe anual (2018) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el estado de la justicia en México, señala que campean las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México.   Además de que la violación al debido proceso, el acceso a la justicia y la imparcialidad, son los principales atentados sistemáticos contra los derechos humanos en las últimas tres décadas en México.

Y a pesar de todas las reformas legales y constitucionales que en México han tenido como objetivo combatir la impunidad y la inseguridad a partir de la fortaleza del sistema de justicia, los hechos nos demuestran que nuestro país vive una gran crisis institucional originada por decisiones políticas del actual gobierno federal que han sido desastrosas y los resultados están a la vista. Así los mayores retos que enfrenta nuestro país siguen siendo los de seguridad y los de acceso a la justicia. Y esta es una de las demandas más sentidas y urgentes de la ciudadanía. Se demanda una justicia social en la que sus destinatarios sean las clases desvalidas y vulneradas, los olvidados de siempre.

En nuestro país abundan las historias de que se castiga más a alguien por robar un gansito, que por desfalcar, robar, despojar, expoliar, millones de pesos o dólares. Historias reales sucedidas hace un par de semanas nos muestran este doloroso hecho de justicia parcial.   Veamos. Un repartidor de Bimbo fue captado a través de una grabación mientras robaba cuatro paquetes de pastelitos al interior de una tienda a un adulto mayor. Posteriormente se le detuvo y acusó de robo y el hombre deberá enfrentar un juicio por el hecho, al que se suma como parte acusadora la empresa donde laboraba. La condena social fue abrumadora. Un par de días más tarde un juez retiró la medida cautelar de prisión preventiva a Arturo Bermúdez Zurita, el llamado Capitán Tormenta, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Javier Duarte, acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, enriquecimiento ilícito y “desaparición forzada” (la Fiscalía General del estado le imputa responsabilidad directa en la desaparición de 15 personas en enero de 2016). En el caso del capitán tormenta, el juez determinó que en los lineamientos de la ejecutoria se violaron los derechos humanos y presunción de inocencia del acusado, quedando exonerado de enriquecimiento ilícito de más de 86 millones de pesos. En otro caso similar la misma semana, se informó que a Javier Duarte de Ochoa le retiraron la acusación de delincuencia organizada para dejarla sólo en “asociación delictuosa”, abriendo una rendija para que el defenestrado político pueda obtener su libertad provisional en breve. Y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó sobreseimiento de la causa penal contra el ex secretario general adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en el caso de la triangulación o desvío de 250 millones de pesos cuando se desempeñaba como secretario adjunto del CEN del PRI. La justicia en México no mide con la misma vara.

Los robos en México por montos pequeños pueden llevar a la gente a la cárcel con más rapidez que algún delito grave, debido, entre otros factores, a una política de endurecimiento promovida por las grandes tiendas de venta al menudeo, en un fenómeno que perjudica sobre todo a la población más pobre y satura el sistema judicial con casos menores.   En un país donde la impunidad llega hasta 98%, hurtar una botella de agua o un paquete de pan puede agilizar tanto los mecanismos penales, que un inculpado podría llegar al reclusorio en menos de 24 horas si no tiene dinero para costearse un abogado, como parte de una tendencia que se ha vuelto al mismo tiempo un negocio y un sistema de limpieza social.

En este escenario, no queda duda que las cámaras del Congreso Federal deben estar a la altura de la demanda ciudadana y exigir al nuevo gobierno que emprenda acciones urgentes para solucionar esta crisis institucional y cumpla, dentro de sus atribuciones, con una de las principales tareas de todo Estado democrático, tal vez la más importante: brindar seguridad y justicia a todas y todos los mexicanos.

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