Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Gobiernos estatales y centralismo

La propuesta del virtual presidente electo de designar a “Coordinadores estatales”, cimbró a más de un gobernador, entre ellos a Francisco Domínguez, quién reaccionó más por el nombre del nominado, que por el nuevo cargo.  Hasta ahora es sólo una propuesta y se desconoce los alcances de la misma, pero en sí es un tema delicado, dado que representa la relación fina del federalismo.  De acuerdo con la Constitución, entre el gobierno federal y los estados no pueden existir intermediarios, pero en los hechos así sería a través de estos coordinadores, que al tener el control sobre recursos económicos, sumado a su perfil de operadores políticos, buscarían relegar al gobernador en cada entidad, cuando menos así lo refieren diversos actores sociales y políticos.  En cuanto al ángulo político, la casi totalidad de quienes ya han opinado lo han hecho en el sentido de que el verdadero propósito que anima a López Obrador es tener a su disposición un mecanismo de control político sobre la totalidad del territorio nacional. Y todo parece indicar que así es.    Ahora, en casi todos los gobiernos estatales se carece de lo que pudiera llamarse una agenda nacional, sus relaciones con el gobierno federal son heterogéneas y con frecuencia responden a demandas individuales, deciden en función del corto plazo y, lo más sobresaliente, su noción de éxito tiene que ver básicamente con objetivos políticos y no con variables de desarrollo y bienestar.  Es decir, en una perspectiva nacional, el poder de los gobernadores no está generando un alto valor agregado en la producción de bienes como el crecimiento, la competitividad, la eficiencia de la gestión pública o la transparencia. Está creando, en cambio, incentivos para políticas públicas de bajo impacto y prácticas políticas que no contribuyen a mejorar la calidad de la democracia.   

A pesar de lo que dice la Constitución, México ha sido prácticamente siempre un país central. De hecho, el período más largo de la historia nacional en que los gobernadores no han sido subordinados del presidente es el que va de 1997 para acá. Por eso, a diferencia de lo que se hacía en el siglo pasado, ahora no se puede remover a un gobernador por inepto o ladrón, como evidencian los casos de Ángel Aguirre en Guerrero o de Javier Duarte en Veracruz.  No existen instrumentos legales que permitan al presidente intervenir en el gobierno de una entidad.  Pero tradicionalmente a los gobernadores de los estados (incluyendo al de Querétaro) se les han ofrecido otras facultades meta constitucionales, como el diseñar y ejercer los presupuestos a su alcance, participar activamente en la selección de candidatos para puestos de elección popular e incidir para escoger a los contendientes por puestos electivos; todo ello con gran margen de autonomía.  Como alguna vez lo afirmo un viejo político “Los gobernadores tienen mandato político, presupuesto y un control indisputable en sus estados. No hay árbitro”.

Sus hábitos suenan más a hegemonía que a democracia. Nos salió muy caro el activismo de los gobernadores como una fuerza sobresaliente que afirmaban, estaba cambiando la forma de hacer política en el país. La mayor presencia mediática, alta movilidad, amplios espacios de maniobra y manejo de los intereses locales, control de sus formaciones partidistas y una gigantesca bolsa presupuestal, significaron cuando menos malversación e impunidad.   En la presente alternancia política, los ciudadanos mexicanos pueden transitar de la esperanza al desencanto, como en aquel gran evento democrático, en el que el PAN logró sacar al PRI de Los Pinos.  Una de sus lamentables consecuencias fue el pobre desempeño de los ejecutivos federales y de los malogrados gobiernos estatales.   Transitar a una democracia de calidad, dependerá en buena medida de la capacidad de nuestras instituciones para sancionar a los actores políticos corruptos e incapaces.  Los nuevos actores políticos y las instituciones no deben continuar el juego de la simulación de justicia, ya que el objetivo de la consolidación democrática seguirá pendiente por tiempo indefinido.  La democracia mexicana ya no debe permitir el surgimiento de gobernadores unipersonales que incrementan la deuda en sus estados, generen un cuantioso derroche y marquen con terror su administración. Se deben fortalecer a los congresos locales para que comiencen a funcionar como una verdadera institución de contrapeso hacia los ejecutivos estatales.  La figura de Coordinadores estatales no debe suponer una involución en el sistema federal, debilitando los equilibrios y contrapesos en la relación de los gobiernos estatales y municipales con la federación, el plan de López Obrador puede degenerar en nuevamente un acrecentado centralismo.   Los ciudadanos debemos permanecer atentos y en constante vigilancia de las instituciones políticas encargadas de velar por el bien colectivo.  Ahí está la tarea ciudadana.

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