Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

El pacto de transición

La apabullante victoria de Morena y las fuerzas que le acompañaron, han llevado a diversos analistas e investigadores a pensar que la coyuntura actual puede definirse como parte de la tan esperada transición política, por el conjunto de cambios que se prevé acontezcan.  Ojo, no es como señalo Peña Nieto, que la transición de poder con su sucesor será “ordenada y eficiente”. Ese es más bien el proceso de entrega recepción de una administración.

Antonio Camou definía el concepto de “transición política” como el proceso por medio del cual se logra un cambio político. Idealmente un cambio de régimen o sistema político de carácter autoritario o semiautoritario a uno democrático.  Es decir, el intervalo que se extiende entre un régimen o sistema político a otro, siendo su principal característica el hecho de que, durante la transición, las reglas jurídico-políticas del juego no están plenamente definidas. 

Como ejemplo de transición política, se ha utilizado en demasía el caso de España, dónde la transición estuvo basada en un pacto de olvido firmado entre sectores provenientes del franquismo y buena parte de la oposición antifranquista. Alegando un supuesto espíritu de consenso que favorecería una hipotética reconciliación entre españoles, se fueron dando los pasos que terminarían con la aprobación de la Constitución de 1978. Pero este camino no dejaba lugar alguno a las víctimas del franquismo, a la condena por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y a la reivindicación de la Segunda República y su legítima Constitución de 1931.

En México el saldo negativo del régimen presidencialista (PRI-PAN) nos obliga a demandar que los pasos hacia la llamada reconciliación no pueden ser a través de un pacto de olvido; que implica amnesia y una supina amnistía. La amnesia supone la salida del debate público y ciudadano de todo lo que tuviera que ver con el régimen saliente y sus protagonistas, arguyendo las ventajas del olvido de cara a un futuro mejor en términos de convivencia pacífica. Esta amnesia se traduciría jurídicamente en la amnistía de todas las responsabilidades en que hubieran podido incurrir quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos, garantizando así su impunidad. Finalmente, el pacto de olvido incluiría una cláusula por la que cada parte se comprometa a renunciar a su pasado como instrumento de reivindicación política. Derivando en el abandono de la escena política de toda pretensión que tuviera que ver con la demanda de justicia.   La movilización y presión de asociaciones y organizaciones ciudadanas de diversa índole impidió que el régimen hubiera llevado medidas más autoritarias, que implicaban la tentación del fraude y aplicación de la fuerza.  El proceso de transición deberá asumir la demanda de reformar nuevamente la Constitución, a fin de consolidar la democracia, a fin de eliminar los déficits en términos de participación ciudadana, cultura democrática y respeto a los derechos humanos, que son cada día más evidentes. La transformación de la República y la lucha por la justicia social y un buen gobierno apenas se inicia.

Y como señala John Ackerman, la tarea ahora no debe ser la construcción de una unidad falsa, cómplice y superficial, sino de generar una coalición entre las diferentes corrientes democráticas, una verdadera alianza desde abajo y a la izquierda que cuente con suficiente fuerza para transformar de fondo al sistema autoritario imperante.  Hoy se abre una enorme oportunidad histórica para un cambio verdadero, no la dejemos ir.

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