ENCUENTRO CIUDADANO
Crimen y castigo
Teniendo en cuenta los graves problemas que ocasiona la corrupción extendida por todo México, ¿debería tipificarse como crimen de lesa humanidad o al menos como violencia política o una modalidad de crimen económico? En México cada día se acumulan más noticias, escándalos, evidencias, pruebas sobre casos de corrupción en todos los niveles y áreas de gobierno. Esto a propósito de las denuncias por corrupción en contra de Ricardo Anaya (a dos manos; por el Gobierno Federal y por miembros de su partido) y otra contra Peña Nieto y Meade por parte del equipo de Anaya; y del que, una vez más, éste lunes fue exhibida la escandalosa riqueza del senador y magnate sindical del PRI, Carlos Romero Dechamps, al darse a conocer una (de tantas) propiedades que ronda en los 128 millones de pesos. Pero generalmente las consecuencias son las mismas, llamados al recato y respeto de la ley, sospechas al denunciante, investigaciones truncas, declaraciones de inocencia, la aparición de otro escándalo, en fin: la impunidad. Prácticamente nadie (de alto nivel) en México ha sido procesado y condenado por actos de corrupción. ¿Será igual en otras latitudes? Veamos casos recientes. El pasado lunes 18 de junio el cuñado del Rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin (esposo de la Infanta Cristina), ingresó a prisión para cumplir una pena de cinco años y diez meses de cárcel que le impuso el Tribunal Supremo por un caso de corrupción. Urdangarin fue condenado por el desvío de varios millones de euros de dinero público a una fundación sin ánimo de lucro que él mismo presidía. Recientemente Mariano Rajoy, ex presidente español, cayó después de que prosperara una moción de censura presentada en su contra por los casos de corrupción en los que se fue implicado por una trama de financiación ilegal conocida como el caso Gürtel. También el lunes 18 de junio, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ordenó vincular al ex presidente Rafael Correa a un proceso penal por el secuestro de un ex legislador opositor, acusado de asociación ilícita y plagio, disponiendo también que el ex presidente Correa se presente cada 15 días en la Corte ecuatoriana. Y para cerrar, también éste lunes fue detenido el presidente ejecutivo de Audi, Rupert Stadler, con lo que se convirtió en el directivo de mayor rango en ser arrestado por el escándalo en la fábrica alemana de vehículos, que en septiembre de 2015 admitió que usaba un software ilegal para alterar las pruebas de emisiones de motores diésel en Estados Unidos, lo que desató la mayor crisis en la historia de la compañía y desencadenó investigaciones de los reguladores en toda la industria. En Ámerica, Lava Jato, fue la operación policial que en 2014 destapó la corrupción encubierta en una de las mayores empresas estatales de América Latina y la mayor de Brasil, la petrolera Petrobras. La Operación Lava Jato ya imputó o condenó a decenas de políticos, funcionarios y hombres de negocios, en la mayor trama de desvíos de dinero revelada en Brasil y cuyos tentáculos se expanden por varios países de América Latina como Perú, Venezuela y Colombia. El Caso Odebrecht, investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña, en la que se detalla que la misma habría realizado entregas de dinero y sobornos, a funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Muchos de éstos personeros lo están pagando. En Perú, el ex presidente Alan García y la líder opositora Keiko Fujimori, han sido llamados a declarar; el ex presidente Alejandro Toledo es indiciado; Ollanta Humala y su esposa, cumplen una medida de 18 meses de prisión preventiva y Pedro Pablo Kuczynski ofreció su renuncia antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso. En Brazil el caso sacudió la escena política al más alto nivel, pues tanto el actual presidente, Michel Temer y Dilma Rousseff se han visto involucrados y Luiz Inácio Lula da Silva esta encarcelado. Y los casos de acusación y castigo se han extendido a Panamá, Colombia, El Salvador, Argentina, etc.
Pero en México la corrupción que se practica genera como producto que el Estado mexicano se debilite de manera muy grave, provocando inestabilidad y daño social que se manifiesta en una resistencia pública a la práctica del ejercicio de gobierno. Además el costo económico es muy alto, se ubica por el 1.5 billones de pesos al año, cifra equivalente a una quinta parte del Producto Interno Bruto (PIB), según datos emitidos por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). Éste cáncer se suma a los cuestionamientos que se producen por todo el mundo, por casos como los de Ayotzinapa, Tlatlaya o Apatzingán. Pero curiosamente alrededor de estos delicados casos y de muchísimos más, la corrupción gubernamental es el factor constante que une a la clase política. Por ello se entiende el que no haya consecuencias para ladrones de cuello blanco, sindicalistas multimillonarios, presidentes mafiosos, contratistas depredadores, empresarios voraces, contratos leoninos y más; porque todo queda en familia.
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