Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

La desconfianza y el miedo

Los gobiernos en todos sus niveles en nuestro país, tienen bien ganada la desconfianza de la población, y no existe discurso que la pueda contener.  La desconfianza está en base a factores como el miedo que tiene la población a ser víctima de algún hecho violento o delictivo, donde la autoridad es incapaz de contenerlo y aún más, ser parte de él, desquebrajando el endeble tejido social.

El Índice de Paz México 2018, que presentó el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), revela la peor crisis de violencia que hemos sufrido en la historia reciente, ya que el “nivel de paz” se deterioró en un 11% en 2017, y México se colocó entre los 20 países más violentos del mundo.  Lo que muestra el estudio es que México sufre una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, que se traduce en más de 29 mil asesinatos en 2017, donde el 69% de ellos fue perpetrado con armas de fuego.   Habría que recordar que los niveles de violencia que sufre el país, sumados a niveles de corrupción e impunidad (uno de los más altos del mundo), reducen la participación comunitaria. La desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social.  Hay una generación que no sabe lo que era vivir sin miedo.  Y entre otros factores, el miedo y la desconfianza reducen la participación social, lo que será observable en los comicios del próximo 1° de julio.  La predicción es que los niveles de miedo y terror perjudiquen la percepción ciudadana, sobre todo de las víctimas directas e indirectas de la violencia.

Ahora, la acción gubernamental en once años, a través de una estrategia fallida, provocó que la violencia no sólo no se redujera, sino que aumentara, con todo y el ejército en las calles.  Demostrando que la militarización es inocua a los cárteles de la droga y sólo incrementa el nivel de saña en sus enfrentamientos, donde la población es rehén y víctima de unos y otros.  El Estado sólo está administrando la violencia y piensa regularla, más no suprimirla, a través de la Ley de seguridad interior.   Pero existe otro tipo de violencia, también contundente que es la violencia estructural, la cual es dirigida a toda la población. Esta violencia va contra los jóvenes que crecen sin oportunidades, está presente en los bajísimos salarios, en la pérdida de derechos fundamentales, en la corrupción rampante, la perdida de tierras y aguas, etc., que genera también víctimas.

El recuento de víctimas por los efectos de las reformas estructurales, alcanzó a miles de opositores a las políticas gubernamentales, principalmente en el ámbito energético y educativo, así como la imposición de megaproyectos de infraestructura pública y las concesiones privadas, destacadamente a la minería trasnacional de alto impacto, son por lo general la motivación de inconformidades sociales, detonantes de movimientos que enfrentan una violenta embestida con una coartada perfecta en la “guerra contra el narco”, la “narcoviolencia”, la “delincuencia organizada”, dicho así, de manera genérica, sin responsables primeros ni últimos.

El estudio “Índice de Paz México 2018” confirma que el deterioro en seguridad se debe a la ausencia de un buen gobierno, a la infrenable corrupción, a un sistema judicial colapsado y a la ausencia del libre flujo de información.   Así crece la desconfianza en gobiernos gerenciales con garrote que hacen de las instituciones públicas empresas de negocios para unos cuantos.  Esperemos pronto librarnos de ellos.

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