Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Transparencia y confianza

Los poderes públicos en todos sus niveles en México sufren una severa crisis de confianza, sus ciudadanos no creen y desconfían de las instituciones públicas, siendo esto perceptible sobre todo en la última década.   Lo anterior se ve reflejado no sólo en nuestra percepción cotidiana de la cruda realidad, sino en el reporte, elaborado de forma conjunta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), el Banco de Desarrollo de América Latina (BID), en colaboración con la Comisión Europea, titulado “Perspectivas económicas 2018: Repensando las instituciones para el desarrollo”, dónde se señala que, mientras en 2006 la proporción de población que expresa confianza en el gobierno nacional fue de 43%, para 2016 el porcentaje fue de sólo el 28%.   Y para corroborarlo hay decenas de indicadores, uno de ellos señala que alrededor del 80% de la población (en la muestra) cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas a lo largo y ancho del país.  “Así (señala el reporte) la desconfianza ciudadana crece y está llevando a una desconexión entre sociedad e instituciones públicas, poniendo en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social”.   Y hay más, la confianza en el sistema judicial y los tribunales del país se situó en sólo el 32% en 2016, mientras que hace 10 años el porcentaje era del 35%.   Para ponerlo en perspectiva, esa proporción supera al promedio de los países de América Latina y el Caribe, así como a los miembros de la OCDE. Mientras que la confianza en las instituciones es de las más bajas comparadas con las economías latinoamericanas y las avanzadas adscritas al organismo, para la OCDE, “esto significa que México se ha mantenido relativamente estancado en cuanto a mejoras de las condiciones materiales del bienestar (o de ingresos) y a la movilidad social de la población”.

La desconfianza se nutre de una corrupción insaciable y galopante, que es alentada por la opacidad y la impunidad.   Para no ir tan lejos, como es sabido al menos 17 de los 25 legisladores de Querétaro participan activamente en el actual proceso electoral, el cuál por cierto entra en período de campaña hasta el 14 de mayo, dejando la friolera de 595 iniciativas pendientes.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) consideró en su Informe Legislativo 2017, que la Legislatura del Estado se encuentra debajo del promedio en transparencia, ya que no respondió el total de las solicitudes de información, por lo cual alcanzó un promedio del 76%, mientras que otros estados como Campeche, Chihuahua y Sinaloa atendieron el 100% de las solicitudes y de manera correcta. El promedio nacional fue de 79%.   De esta manera, Querétaro no se ubica entre los reprobados en esta materia, pero sí en un nivel bajo según el Imco. Este es un indicador que debe llamar la atención de los ciudadanos queretanos, ya que son más de 10 años reformando en transparencia e implementando en estas acciones, es fundamental que el Congreso cumpla al 100%.   Otro de los indicadores está en que sólo 4 de los 25 legisladores queretanos en turno han presentado su declaración fiscal, patrimonial y de intereses, conocida como 3 de 3.   Recordemos que la iniciativa ciudadana 3 de 3, es un esfuerzo de la sociedad civil organizada para hacer obligatoria y transparente la presentación de las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios públicos del país.   Todo esto es importante ya que los ciudadanos pagamos por mes un millón 175 mil pesos de dieta a los 25 diputados del estado, sin embargo, éstos son de los que menos sesionaron durante el 2015 y 2016 a nivel nacional, según el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO, en el estudio Informe Legislativo 2016.   De acuerdo a IMCO, el número de sesiones de pleno de cada congreso es una aproximación del trabajo legislativo y para el caso de los legisladores queretanos, durante el año pasado solo sesionaron 37 ocasiones.   A pesar de la escasa actividad, los queretanos, a través de sus impuestos pagan la llamada dieta de 25 diputados, 47 mil pesos a cada uno, más 18 mil pesos para los trabajos legislativos y a comparación de un trabajador común y corriente, los legisladores perciben 70 días de aguinaldo.  Además, los diputados queretanos no tienen un Código de Ética que los obligue a trabajar de manera más eficaz y cercana a la ciudadanía.  Finalmente el IMCO recomienda al Congreso, cumplir con lo que legislan; publicar las obligaciones de transparencia y contabilidad gubernamental; elaborando y publicando un presupuesto de egresos completo, con base en las normas y buenas prácticas de contabilidad gubernamental.   Pero al parecer es mucho pedir.  Así seguirá decayendo la confianza, y la transparencia tendrá que esperar.

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