Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Día internacional de la mujer

En el marco del día internacional de la mujer, ONU Mujeres dio el tema guía para impulsar la igualdad de vida y derechos: “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”.  Así éste 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer se suma a un movimiento mundial sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres.  El acoso sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres han acaparado los titulares y el discurso público, con una creciente determinación a favor del cambio.  Uno de los ejes para este cambio es acabar con la violencia contra mujeres y niñas, ya que se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental o violencia sexual por parte de una persona distinta a su compañero sentimental en algún momento de su vida. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las mujeres han experimentado violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental durante su vida.  Se estima que en prácticamente la mitad de los casos de mujeres víctimas de homicidios en todo el mundo, el asesino fue un familiar o un compañero sentimental, frente a menos del 6% de hombres asesinados, según la encuesta en escala realizada en 2014 por la ONU.   Ahora, las mujeres adultas representan el 51% de las víctimas de trata de seres humanos detectada a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas representan el 71%, siendo las niñas casi tres de cada cuatro víctimas infantiles de trata. Casi tres de cada cuatro mujeres y niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual.

Pero hay lugar para la mujer de ser objeto de violencia, violencia extrema, encarnada en el secuestro, la desaparición, la tortura y la muerte dónde la impunidad y el prejuicio imperan, México.   Las mujeres mexicanas, están siendo asesinadas cada vez con más altos índices de violencia y con mayor exhibición de sus cuerpos.   Todo esto tiene que ver con un patrón social: tirar a una mujer torturada y asesinada en la calle significa que algo hizo. Ese es el mensaje que se está dando.   La mayoría de cadáveres hallados en lugares públicos en todo el país, y de los que se desconoce su identidad, algunas pueden llegar a ser mujeres migrantes cooptadas por el crimen organizado y utilizadas para explotación sexual, como halcones o cocineras de algún grupo de la delincuencia, pero ellas no tienen nada que ver, aunque el Estado las involucre y afirme que 70% pertenecían al crimen organizado.  Sobre su sufrimiento, todavía cabe la mentira.

En Querétaro de acuerdo con las organizaciones Salud y Género, A.C., Milenio Feminista, y Equidad y Libertad, entre otros, el número de mujeres jóvenes desaparecidas se ha multiplicado en años recientes, mientras la Procuraduría General de Justicia de Querétaro (PGJQ) “maquilla” la información para tratar de mostrar la cara de una entidad segura.   Se señala a los municipios con el índice más alto a Pinal de Amoles; le sigue Ezequiel Montes y posteriormente Querétaro y Corregidora.   En México entre las entidades federativas que registran alza en ‘feminicidios’ (2017), se encuentra Querétaro, que está en el tercer lugar de incremento en un 50%, detrás de Puebla (81%) y Sonora (66%).   Una explicación es la impunidad, que no ha permitido el acceso de las mujeres a la justicia.   El mecanismo existente en México para prevenir la violencia contra las mujeres, denominado alerta de género, es único en el mundo; surgió después del fenómeno de las llamadas muertas de Juárez, para evitar que se extendiera en todo el país, con base en la coordinación de las autoridades estatales y federales y recursos económicos destinados para ello.   Se ha identificado un contexto de violencia sistemática en diferentes estados de la República, donde convergen varios factores: cruce de migrantes internos y externos, altos índices de violencia contra las mujeres, no sólo en materia doméstica, sino en la comunidad; índices de feminicidio y, sobre todo, en estados donde hay falta de control de las fuerzas armadas y policiacas.   Las alertas significan mayor atención del Estado, recursos federales y acciones para erradicar las agresiones contra ese sector de la población.   En el caso del estado de México, cuando lo gobernaba Enrique Peña Nieto se negó a la alerta de género, no hubo investigaciones ni sentencias; incluso, de mil casos, en 592 no se conocía la relación víctima-victimario. Si se hubiera realizado una declaratoria de alerta se habrían generado protocolos con perspectivas de género y acciones para evaluar el trabajo de las fiscalías.   No se hizo y allí sigue el mismo patrón sistemático de violencia contra las mujeres y cero acceso a la justicia. Se dieron cientos de carpetazos, como ahora en todo el país.   Para el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 50 organizaciones de 20 estados, el gobierno federal tiene una deuda con las mujeres y debe saldarse.  Urge la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para garantizar la aplicación inmediata de la declaratoria de alerta, erradicar los feminicidios y salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres.  Lo que nos señala que todavía hay un largo trecho por recorrer.   

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