Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Administrar la ignorancia

Para nadie es desconocido que la mayoría de los gobernadores, así como la administración federal peñista ha desbordado ignorancia y desprecio por el conocimiento y las finas disciplinas de la cultura. La asignación de presupuestos para éstas áreas lo demuestran. Desde la llegada de Peña Nieto al poder, el presupuesto para cultura, cine, arte y deporte no ha dejado de disminuir. Cada año el sector ejerce hasta 21% menos que en 2012 con recortes de hasta un 35%. De acuerdo a estadísticas publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México dedica únicamente 0.5% de su Producto Interno Bruto (PIB) a las áreas de investigación y desarrollo. Esta proporción es idéntica a la reportada por esta organización para países africanos como Tanzania, Uganda, Senegal y Botswana. Comparativamente, países como Israel, Corea del Sur, Japón, Dinamarca, Finlandia y Suecia orientan más de 3% de su PIB a este importante rubro. En Finlandia se canalizan 3.2 dólares de cada 100 a investigación y desarrollo, mientras que en México sólo 50 centavos de dólar por cada 100 se destinan a estas importantes áreas. Éste 2017 la educación se vivió en la penuria económica, ya que el Presupuesto de Egresos ofreció un recorte en el ramo de Educación Pública de 31 mil 600 millones de pesos, al reducirse de 297 mil millones asignados en 2016 a 265 mil millones de pesos para lo que fue este año. Esto representó un decremento de 10.62 %. En el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tuvo este año una reducción de 8 mil 200 millones de pesos, equivalente a 30% del presupuesto asignado en 2016, que fue de 35 mil 100 millones de pesos. Si la SHCP estimó un excedente en los ingresos de 527 mil 164 millones de pesos, cabe preguntar ¿por qué se ha castigado a la SEP y al Conacyt con dos recortes presupuestales? ¿Por qué la Secretaría de Hacienda o su ex titular (al ahora candidato priista), ha decidió castigar de manera más severa, a las áreas estratégicas de educación, ciencia, tecnología e innovación? ¿Por qué pretender asfixiarlas? Y la tala sigue, ya que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se asignó un monto de 281 mil millones para educación pública, lo que representa un incremento de sólo el 0.2 % en valor real en comparación con 2017, esto de acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Y para las universidades públicas, que tienen la función de ser generadoras del 80% del conocimiento científico y la innovación tecnológica del país, éstas son condenadas a enfrentar permanentes recortes presupuestales que complican el desarrollo de sus tareas sustanciales. El financiamiento universitario ha pasado por diversas etapas, que desde el sexenio del ex presidente Luis Echeverría Álvarez se definió como inercial y negociable; es decir sujeto a la negociación política; que pasó por la crisis de 1982 y el crecimiento del financiamiento público de 1990 a 2014, hasta llegar a lo que hoy se denomina como “crisis de las finanzas públicas” en el periodo comprendido del año 2015 al 2017. Actualmente casi la totalidad de las universidades públicas sufren de asfixia económica que las debilita y coloca en posiciones de sumisión política en algunos casos, incluso las orilla a buscar otras fuentes de recursos que no necesariamente están libres de conflictos de interés. La falta de presupuesto justo y oportuno, es una apuesta con un altísimo riesgo social. La insuficiencia de recursos pone también en entredicho la autonomía universitaria. Pero, el que haya una mayor participación de recursos del Estado en el financiamiento de las universidades  no se da en menoscabo de la autonomía de las universidades, como tampoco se da en menoscabo de la responsabilidad que tienen las universidades de rendir cuentas.  Son dos cosas que deben quedar muy claras; el Estado tiene una obligación, su deber es proveer los recursos para que se dé educación de buena calidad al mayor número de jóvenes posible. En contraparte, las universidades tienen también obligaciones con las cuales responden a la confianza de la sociedad y a los recursos que el Estado les da, que son fundamentalmente ofrecer servicios de calidad y rendir cuentas claras del destino de esos recursos. Por lo pronto aquí en Querétaro, son más de 26 mil firmas de universitarios y ciudadanos que respaldan la exigencia al Poder Legislativo y Ejecutivo estatal, a través de “Yo X la UAQ”, que se le asigne un presupuesto justo y suficiente. Lo que garantiza el derecho a la educación media superior y superior pública, que expresan nuestras leyes.
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