Fernando Corzantes

ENCUENTRO CIUDADANO

Corrupción y violencia

Diversos estudios han demostrado que la corrupción tiene un conjunto de costos para los ciudadanos y para el país. Entre ellos, la creciente desconfianza en las instituciones que ha generado una crisis de representación y descontento con un régimen que se pretende democrático. La gran mayoría de los mexicanos cree que los integrantes de las instituciones representativas (partidos políticos y Congresos) son “muy corruptos”. Además, un amplio sector de la ciudadanía mexicana desconfía en las instituciones del sistema de impartición de justicia. En pocas palabras el ciudadano ni siente que sus intereses están representados por las acciones del gobierno, ni tampoco cree que los mecanismos de impartición de justicia sean útiles. La corrupción es uno de los principales culpables de la descomposición de la confianza institucional, ya que ésta es condenable no sólo por que revela la falta de ética de gobernantes, sino porque es un ejemplo de la ilegalidad en la que se vive. Es un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los países que la padecen como un hábito cotidiano, como una práctica “normal” o “natural” en las transacciones de la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores públicos. Para nadie es desconocido que éste es el sexenio de la corrupción, de las casas blancas, de los asesinatos viles, de la de saparición de estudiantes, de los sobornos, de la pobreza, de la injusticia, de la mentira e infamia. El sexenio de la podredumbre, de la falta de respeto a las instituciones, de las pérfidas reformas, del pacto por el aniquilamiento de los mexicanos, de los incrementos de los precios de gas, gasolina y diesel, del desempleo, de los narco gobernantes, corruptos hasta la médula. Para éstos últimos, la corrupción puede ser rentable para sus beneficiarios en el corto plazo, pero en el largo sus costos son mayores que sus acotados beneficios.  Y, hay un costo que poco se le relaciona y que ahora aparece contundente: la violencia. Éste es un precio del que poco se habla pero que es de enorme impacto en México.  El último reporte de Peace and Corruption (2015) explica que existe una relación estadísticamente significativa entre la paz y la corrupción. En particular demuestra que una vez que un país alcanza un cierto nivel de corrupción hay un punto de desviación en el que un pequeño aumento en ella, lleva a una disminución sensible en la paz. Así la corrupción se vuelve tan endémica que la probabilidad de la violencia se incrementa.  México se encuentra entre los países que están cerca del punto de no retorno.  Las estadísticas, la realidad y los casos públicos sobre ésta nueva crisis que enlaza nuestra seguridad y la rampante corrupción, no conmueven un ápice al gobierno, gobernantes y políticos de todos los niveles.

Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, señalo que a través del informe “Control sobre todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas” (https://es.scribd.com/document/363760396/2017-HRC-Coahuilareport-ES#from_embed), hay suficiente información de que el actual gobernador de Coahuila y el anterior, recibieron sobornos de los Zetas. Esta diabólica relación tiene un saldo desgarrador, ya que se permitió al cártel de Los Zetas cometer numerosos abusos a los derechos humanos con impunidad; y las instituciones y funcionarios públicos tuvieron complicidad, ya sea por acción u omisión, en la
comisión de estos abusos.   Los Zetas no solo influyeron sobre policías municipales o estatales de bajo rango; los testigos relatan que el control de Los Zetas se extendió a jefes de la policía municipal, procuradores estatales y federales, centros penitenciarios estatales, sectores de la Policía Federal y del Ejército mexicano y a políticos coahuilenses. Varios testigos hicieron declaraciones sobre sobornos millonarios de dólares pagados a Humberto y a Rubén Moreira, el anterior y el actual gobernador de Coahuila respectivamente, a cambio del control total del estado. Una vez que los niveles de violencia superaron diversas marcas históricas que dejó el desgobierno de Felipe Calderón, Peña Nieto salió a culpar a las autoridades estatales y municipales de las carencias para proteger a la ciudadanía.  Obviando que son en su mayoría gobernadores tricolores los que han impulsado esa violencia, en su omisión y colusión con la red delincuencial. Aun cuando el informe se concentra en Coahuila, hay información de otros estados: por ejemplo, se menciona que Fidel Herrera en su candidatura a gobernador de Veracruz, recibió 12 millones de dólares de los Zetas. Y aún con varias investigaciones en su contra, el ex cónsul sigue tan campante. Así se puede inferir que toda la violencia de Los Zetas y de otros cáteles es también violencia del Estado, porque el Estado no hizo nada, y en el peor de los casos actuó en franco contubernio.

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