Especialistas del Observatorio Ciudadano exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) intervenir de inmediato para frenar el “fraude a la ley”que significan los actos anticipados de campaña, con miras a la elección de 2027.
En un pronunciamiento firmado por Jorge Alcocer; el Ministro en retiro José Ramón Cosío; el constitucionalista Diego Valadés; la Ministra en retiro Margarita Luna Ramos; y el ex magistrado electoral José de Jesús Orozco Henríquez, entre otros expertos, advirtieron que distintos actores políticos ya realizan actividades de promoción personal y posicionamiento electoral, pese a que el proceso federal 2026-2027 aún no inicia formalmente.
Los firmantes sostienen que estas acciones deben considerarse como actos anticipados de campaña y no como simples expresiones espontáneas de participación ciudadana, debido a su sistematicidad, despliegue territorial, recursos utilizados y finalidad política.
Alertaron que permitir este tipo de actividades vulnera la equidad de la contienda, al otorgar ventajas indebidas a quienes cuentan con mayores recursos económicos, partidistas o gubernamentales.
“La anticipación indebida de las campañas altera las condiciones de equidad in la contienda, distorsiona el modelo constitucional de competencia equitativa y permite que quienes disponen de mayores recursos obtengan ventajas indebidas antes de la aplicación de las reglas legales”, expusieron los especialistas.
Las distorsiones al modelo constitucional de competencia
Los especialistas recordaron que la legislación electoral establece tiempos específicos para la competencia política, con periodos de 40 días de precampaña y 60 días de campaña, por lo que consideraron injustificado que la autoridad electoral permanezca pasiva frente a actividades que, a su juicio, ya tienen un claro contenido proselitista.
Los integrantes del Observatorio reprocharon que el INE no puede escudarse en que el proceso electoralaún no comienza o que se trata de actividades internas de los partidos.
“El INE tiene la obligación de prevenir, investigar, fiscalizar y, en su caso, sancionar las conductas que lesionen la equidad de la contienda, con independencia de que el proceso electoral no haya iniciado formalmente”, afirmaron de forma contundente.
En su posicionamiento demandaron que el organismo electoral emita lineamientos y adopte medidas para impedir que se consoliden prácticas que calificaron como un “fraude a la ley”.
“Demandamos al INE que actúe de inmediato con independencia, transparencia y estricto apego a la ley para detener los actos anticipados de campaña (…) y emitir las medidas necesarias que impidan la consolidación e impunidad del fraude a la ley que estamos viendo”, precisó el Observatorio Ciudadano.
La exigencia de lineamientos regulatorios inmediatos
También solicitaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral resolver los casos relacionados con propaganda anticipada y procesos internos partidistas con estricto apego a la Constitución, al considerar que los partidos, por ser entidades de interés público, están obligados a respetar los límites legales para garantizar la certeza y la equidad de las elecciones.
El Observatorio Ciudadano advirtió que dará seguimiento al desempeño de las autoridades electorales y denunciará las decisiones u omisiones que comprometan los principios rectores de la función estatal electoral, las condiciones de equidad, los derechos de la ciudadanía y la autenticidad del sufragio.
