Exige Pablo probar venta de armas en La Alameda

Ninguna autoridad o gobernante puede estar acusando públicamente y sin tener las pruebas a la mano, acusó González Loyola sobre los dichos del edil respecto a la presunta venta de AK-47 y granadas en la Alameda Hidalgo FOTO: PDA
Ninguna autoridad o gobernante puede estar acusando públicamente y sin tener las pruebas a la mano, acusó González Loyola sobre los dichos del edil respecto a la presunta venta de AK-47 y granadas en la Alameda Hidalgo
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Exigen a Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, que demuestre que en el tiánguisde la Alameda Hidalgo, desalojada hace varios meses, se llevaba a cabo la venta de armamento como “Cuernos de Chivo”, y granadas de fragmentación.

En entrevista para PLAZA DE ARMAS, Pablo Gonzáles dijo que la autoridad está obligada a respetar la presunción de inocencia , ya que dijo, es una jurisprudencia obligatoria para todas las autoridades que fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A inicios de marzo, el edil capitalino aseguró que ya había entregado pruebas a la Procuraduría General de la República de que además de piratería, trata de blancas y prostitución, en los más de 300 comercios instalados en la Alameda Hidalgo sobre Av. Zaragoza, se podían armas de grueso calibre como las AK-47, o “Cuerno de Chivo”, así como Granadas de Fragmentación.

González Loyola, dijo que ninguna autoridad puede estar acusando personas en público y mucho menos hacerlo sin pruebas, además de que sin haber una sentencia por parte de alguna autoridad judicial se debe tratar a las personas  como inocentes. Por ello, le solicitan al alcalde de Querétaro que muestre los expedientes que se pudieran haber abierto por venta o portación de armas prohibidas.

En ese sentido, dijo que de no ser así, le estaría pidiendo que se disculpe públicamente con las personas involucradas, porque además, ya ha hecho muchos señalamientos en ese sentido.  Asimismo, dijo que de no haber tener una disculpa se reservarán su derecho de proceder legalmente y para lo cual dijo, dan una semana de plazo.

“De no ser así, le estaríamos pidiendo una disculpa pública porque ya son demasiados señalamientos (…)  nosotros le estaremos pidiendo que eso sea en un tiempo breve, una semana”, dijo González Loyola.

Por último, dijo que el amparo promovido por los comerciantes retirados está en el procedimiento de ser resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del XXII Distrito, pues tienen un plazo de 90 días que aún no concluyen.

 

Víctor Polenciano

 

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