Tras la resolución de los asuntos más relevantes del proyecto de la magistrada Loretta Ortiz, que incluye el nuevo orden del despacho de energía o el relativo a medioambiente y los certificados de energías limpias, se inició con la resolución de varios apartados.
Para aprobar el proyecto de la magistrada Ortiz Ahlf solo se requerían los votos de cuatro de los 11 ministros del pleno para validar la constitucionalidad de la modificación legal, que es similar a la reforma constitucional que ahora discute la Cámara de Diputados.
Aunque hubo muchas objeciones a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional en los apartados ya debatidos.
“Queda aprobado este primer apartado”, dijo el ministro presidente, Arturo Zaldívar. El primer apartado era relativo al orden del despacho de la energía y era uno de los temas más polémicos.
A continuación, se empezaron a votar el resto de apartados. De esta manera, tampoco prosperó la acción de inconstitucionalidad sobre la consideración de que modificar el orden de despacho vulneraba el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En el tercer apartado, dedicado al medioambiente y los certificados de energía limpia, tampoco se lograron los ocho votos necesarios para considerar inconstitucional la reforma a la ley.
Los 11 ministros de la Suprema Corte debían fallar esta semana sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el estado de Colima, respectivamente.
El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica del 2014 fue publicado en marzo de 2021 tras su aprobación en el Legislativo.
La reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE, incluidas las de combustibles fósiles, sobre las privadas de renovables. Además, revisa de forma retroactiva los contratos, cambia las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para favorecer a plantas viejas de la CFE y contempla revocar permisos de autoabastecimiento obtenidos “en fraude a la ley”, entre otros puntos.
Tras varios posicionamientos en contra de la inconstitucionalidad de la reforma en marzo de 2021 de Ley de la Industria Eléctrica, llegó el posicionamiento a favor de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.
“La Constitución no habla de orden de despacho, costos marginales, contratos legados, ni subastas”, dijo Zaldívar. “Manifiesto mi conformidad con el sentido del proyecto”.
