SERGIO A. VENEGAS RAMÍREZ
El gobernador Francisco Domínguez Servién y el fiscal del estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo (entre otros), fueron demandados en la Ciudad de México por Sergio Hugo Bustamante Figueroa por el delito de daño moral, por lo que vía exhorto del 12 de septiembre de 2019, la secretaria conciliadora del Juzgado Cuadragésimo Quinto de lo Civil, Martina Guerrero Anaya, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Querétaro (autoridad competente) que notificara y realizara las diligencias necesarias para tomar declaración de los señalados.
Tras recibir el exhorto, el caso recayó en el Juzgado 2º de Primera Instancia Civil.
Así el 23 de octubre de 2019, desde el juzgado 2º se mandó al actuario a presentarse en los domicilios de los demandados para dar cumplimiento a lo ordenado por el juez exhortante.
El 28 de octubre a las 13:15 horas, el actuario Antonio Pérez Barrera se presentó en Palacio de la Corregidora para realizar la diligencia con el gobernador Francisco Domínguez Servién en su calidad de demandado. Fue recibido, según consta en el expediente del que tiene copia PLAZA DE ARMAS, por Luisa Sabina Cabrera Ponce, quien se identificó vía copia certificada de la Notaría 25 como apoderada legal del mandatario estatal.
Domínguez Servién no se encontraba en las oficinas, por lo que el actuario adscrito le notificó a través de su apoderada que debería esperar al funcionario judicial el 29 de octubre a las 09:15 horas para realizar la diligencia solicitada por el Poder Judicial de la Ciudad de México. El documento señala que en caso de no atender la citación, la notificación se realizaría por medio de cédula “que se fijará en lugar visible en la puerta principal del citado domicilio”.
El 29 de octubre, el actuario Antonio Pérez Ibarra acudió a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. En las oficinas de Echeverría Cornejo, el funcionario judicial fue atendido por la recepcionista, Jacqueline Alicia Flores Mendoza quien le informó que la persona no se encontraba en el lugar. Posteriormente se presentó Ana Luisa Sánchez Aguilar, directora Jurídica y de Vinculación Institucional. El actuario le dejó una citación para el día siguiente a las 09:15 horas.
Se desconoce si ambos citatorios, el de Domínguez y el De Echeverría, fueron desahogados o no. Fuentes cercanas a la defensa, dijeron a El Periódico de Querétaro que los funcionarios no han podido ser localizados, por lo que la solicitud del TSJ de la Ciudad de México no se ha realizado.
Lo cierto es que cuatro días después de ser enterados oficialmente de la demanda interpuesta por Sergio Hugo Bustamante en la Ciudad de México, el empresario fue detenido en Querétaro, haciéndose casos omiso al amparo vigente que portaba y mostró la tarde del viernes 1 de noviembre, lo cual es gravísimo y puede ser objeto de cese en el cargo y/o prisión para el o los responsabñes.
LA LEY DEL MONTE (O DE DOMÍNGUEZ)
Como lo informó en exclusiva PLAZA DE ARMAS, la detención de Sergio Hugo Bustamante Figueroa se produjo después de que el gobernador Francisco Domínguez Servién fuera notificado (el lunes 28), a través de su apoderada legal, de que el empresario había presentado una demanda en su contra por daño moral en la Ciudad de México, según revelaron fuentes cercanas al caso.
Como se ha dicho, Bustamante Figueroa, quien acusó al contador Antonio Rico Rico de haber vendido una propiedad en Centro Sur sin su autorización, fue detenido el viernes afuera del Hotel Hotsson, en Bernardo Quintana 8300, al sur de la ciudad (y no en El Campanario, como se había indicado) a pesar de contar con un amparo vigente número 1396/2019-III, que los jueces de control de juicios orales y penales, no acataron.
Y es que el viernes por la tarde, una veintena de patrullas interceptó el vehículo en el que viajaba Sergio Hugo Bustamante y su hijo Hugo Bustamante Aguilar. Las decenas de agentes detuvieron inicialmente al hijo; luego corrigieron y aprehendieron al papá.
Fuentes cercanas a la defensa, dijeron a PLAZA DE ARMAS que desde el momento de la detención se vio que la consigna sería mantener en la cárcel al hombre de 70 años que por ese simple hecho, merecería prisión domiciliaria. Mañana una jueza de control decidirá en audiencia si acata el amparo o lo mantiene en prisión.
