Hace una semana escribí en este espacio sobre los requerimientos que la Comisión Nacional del Agua, puso sobre la mesa de las legislaturas estatales para armonizar sus marcos jurídicos con la nueva Ley General de Aguas. Hoy quiero ir un paso más allá, porque los tiempos aprietan y la incertidumbre se ha vuelto difícil de sostener.
El próximo 9 de junio, salvo prórroga, se publicarán los reglamentos de la Ley General de Aguas. Es una fecha que pocos están mirando y que, sin embargo, marcará el inicio formal de una transformación profunda en la gestión hídrica del país. Pero los reglamentos federales, por sí solos, no resolverán el problema central que tenemos enfrente: la falta de certeza jurídica para quienes usamos el agua todos los días.
Y cuando hablo de quienes usamos el agua, no me refiero solamente al uso doméstico. Pienso en el uso público urbano que abastece a nuestras ciudades, en el uso industrial que sostiene cadenas productivas e inversión, y en el uso agropecuario, que sigue siendo columna vertebral de la seguridad alimentaria. Cada uno de estos sectores necesita reglas claras y autoridades identificables. Sin armonización estatal, los reglamentos federales operarán sobre un piso desigual: en algunas entidades habrá certeza y en otras seguirá imperando el vacío.
Esa certeza completa solo se construye con legislación completa. Y en el caso de Querétaro, eso significa una nueva Ley de Aguas del Estado. No basta con una reforma cosmética ni con una adecuación parcial. Hace falta una ley nueva, integral, que ordene desde su raíz el sistema hídrico estatal y se articule sin fisuras con el marco federal.
Esta coyuntura nos coloca ante una oportunidad poco frecuente. Tenemos la posibilidad, y también la responsabilidad, de reconocer en su totalidad los derechos que la Constitución y los tratados internacionales tutelan en materia de agua. También podemos rediseñar la arquitectura administrativa que regulará el recurso. La propuesta es clara: crear una Secretaría del Agua que centralice la rectoría, ordene atribuciones hoy dispersas y permita una planeación verdadera de mediano y largo plazo.
Porque ese es, al final, el punto. Sin planeación verdadera, los grandes proyectos hídricos que Querétaro necesita, tanto los que responden a la crisis como los que garantizan el suministro futuro, seguirán siendo ejercicios fragmentados, dependientes de la coyuntura política o presupuestal. Con una Secretaría del Agua y una ley nueva, esos proyectos pueden ejecutarse con horizonte, con método y con respaldo jurídico.
El 9 de junio está aquí. El reloj federal ya corre, y el estatal debería estar corriendo también. Los queretanos, ciudadanos, agricultores, empresarios y organismos operadores, merecen certeza. La oportunidad de dársela está ahora sobre la mesa.
