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El reguilete de Lozoya

ESTRICTAMENTE PERSONAL

por Raymundo Riva Palacio
17 julio, 2020
en Editoriales
El reguilete de Lozoya

 

 

Antes de haber aterrizado en México, Emilio Lozoya provocó que los made­ros del viejo régimen crujieran. Los avi­sos que entre su paquete de compro­misos con el gobierno estuvieran las pruebas de cómo se consiguieron los apoyos para la Refor­ma Energética en la administración de Enrique Peña Nieto, causaron enormes olas, particular­mente entre los partidos políticos y quienes en su momento eran diputados y senadores. Los des­lindes han salido desde diversos frentes, vacu­nándose con inyecciones de honestidad.

No puede haber una generalización mecáni­ca y concluir anticipadamente que la corrupción era sistémica, pero tampoco se vivía en el casti­llo de la pureza. El nerviosismo que han causado los reportes en la prensa de que Lozoya se com­prometió con la Fiscalía General a aportar infor­mación puntual de cómo, a quién y cuánto di­nero se repartió entre legisladores para conse­guir aprobaciones por consenso de las reformas, la energética o algunas otras polémicas como la educativa, revela el gran nerviosismo que existe.

El regreso de Lozoya a México ha puesto a prueba el cinismo con el cual se comportaron diversos legisladores durante los tiempos de la negociación del Pacto de México, donde la per­suasión -política o económica-, fue tan eficaz, que como alguna vez confió el entonces secre­tario de Hacienda, Luis Videgaray, se aproba­ron las reformas en la mitad del tiempo que ha­bían calculado. En el camino dejaron a un buen número de legisladores felices.

Información recabada sobre el valor de los vo­tos durante los meses de aprobación de las re­formas, en especial la Energética, permiten afir­mar, sobre la base de los dichos de propios legis­ladores, que se llegaron a comprar votos por dos millones de pesos a diputados, y por cuatro a se­nadores, aunque hubo casos extraordinarios, en los altos niveles de la clase política, donde los ca­ñonazos llegaron a ser hasta de siete millones de pesos. Hubo varias formas de entregarlos. Por ejemplo, un empresario cercano a Peña Nieto solía presumir cómo llevaba maletas llenas de dinero al Congreso para recompensar los apoyos.

Es decir, no sólo Lozoya conoce el mapa de la compra de conciencias en las cámaras, que ha puesto a ex legisladores y miembros de partidos en un estado de alta preocupación ante la posi­bilidad de que sus nombres sean expuestos an­te la opinión pública. Es un temor que también ha despertado la supuesta existencia de más de 16 videograbaciones que supuestamente ofre­ció Lozoya al fiscal Alejandro Gertz Manero co­mo parte de su negociación de cooperación con la autoridad, a cambio de que se desistan de pro­cesarlo a él y a su familia.

¿Existen las videograbaciones? En este es­pacio se publicó en mayo de 2017 una colum­na intitulada “La Fiesta Inolvidable”, donde se revelaba la existencia de una casa en la colonia Anzures de la Ciudad de México donde Froylán Gracia García, que era coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex cuando su ami­go Lozoya ocupaba ese cargo, a donde invitaba cuando menos dos veces por semana a funciona­rios, gobernadores, políticos y empresarios, que llegaban ahí con el propósito de hacer negocios, en un entorno de barra libre, con meseros vesti­dos elegantemente y hermosas mujeres eslavas y brasileñas para hacerles compañía.

Personas que fueron a algunas de esas reu­niones siempre tuvieron la sospecha de que to­do se videogrababa, pero esta columna nunca pudo comprobar que así fuera. La casa es recor­dada hoy por el tema de las videograbaciones y porque ha trascendido que en algunas ocasio­nes, Lozoya despachaba en una oficina alterna que tenía en la colonia Anzures.

Las videograbaciones, como los dichos de Lo­zoya, no tendrán validez jurídica a menos que puedan ser judicializadas. Si se presentaran las grabaciones solas, en caso de existir, como única prueba, un juez las rechazaría al no tener cono­cimiento de la persona grabada que estaba sién­dolo. Se pueden judicializar, siempre y cuando la Fiscalía General pueda comprobar que la perso­na imputada sí fue a esa casa el día y la hora se­ñalada, y demostrar que el dinero que se le ofre­ció, lo recibió. No basta que en un video digan una cosa, sino que tiene que probarse que el de­lito de cohecho se consumó. Igual sucederá con los dichos de Lozoya, que requerirán el mismo tipo de seguimiento de la Fiscalía, y soporte do­cumental que entregue el ex director de Pemex.

Las expectativas levantadas por la llegada de Lozoya son muy altas, alimentadas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que admite abiertamente que se negoció con él pa­ra que revele el sistema de corrupción del viejo régimen. Habría que ser más cautos sobre qué se puede esperar de las acusaciones de Lozoya. No debemos olvidar que iba ganando su caso, y que incluso la Unidad de Inteligencia Financie­ra tuvo que descongelar parte de las cuentas de él y su familia. Para evitar un naufragio político, la Fiscalía General lo presionó con las acusacio­nes contra su madre y su esposa para que nego­ciara su libertad a cambio de que imputara a sus ex jefes y a políticos de oposición.

Es decir, más que judicial, la Fiscalía General pretende construir un caso político, que acom­pañe la estrategia de López Obrador, que ayer mismo reiteró que “hay un compromiso de que va a informar acerca de los presuntos fraudes por los que se le acusa y va a hablar de Odebrecht y de otro tipo de ilícitos”. Odebrecht está en la cabeza del Presidente como una gallina de los huevos de oro. La obsesión de que será la llave que mues­tre el financiamiento de campañas, incluida la de Peña Nieto, no tiene fundamento. El gobier­no lo sabe y está presionando a Odebrecht para que aporte información que permita resultados a la altura que espera López Obrador. Sobre es­ta pólvora mojada se hablará aquí más adelante.

[email protected]

twitter: @rivapa

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Etiquetas: Emilio LozoyaEnrique Peña Nietomexicoreforma energetica
Raymundo Riva Palacio

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