Desde hace un tiempo México está levantando, casi pieza por pieza, un nuevo andamiaje jurídico ambiental. En pocos meses entraron en vigor la Ley General de Aguas y la Ley General de Economía Circular. En este momento, el Ejecutivo trabaja en el proyecto de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la LGEEPA.
Vale la pena reconocer este impulso de la agenda ambiental y la manera en que comienza a ocupar un lugar central en la planeación del país: el agua como derecho humano, los residuos como materiales capaces de volver a integrarse a los ciclos productivos y el medio ambiente como punto de partida para decidir dónde y cómo deben crecer nuestras ciudades.
La Ley General de Aguas establece las bases para garantizar el acceso, la disponibilidad y el saneamiento del agua, y distribuye responsabilidades entre los tres órdenes de gobierno. Además, abre espacios para la participación ciudadana. Estos cambios impactan la vida diaria y deberían sentirse en la calidad del servicio, en la atención a las comunidades vulnerables y en el saneamiento.
La Ley General de Economía Circular propone, entre otras cosas, alargar la vida útil de los productos desde su fabricación y diseño, recuperar materiales y reducir la generación de residuos. Incorpora, además, responsabilidades para productores, consumidores y autoridades. Estas medidas pueden traducirse en productos más duraderos, opciones de reparación y una separación más eficiente de los residuos.
A este panorama se suma la propuesta de una nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con cambios en el ordenamiento ecológico, la evaluación ambiental, la restauración de los ecosistemas y la responsabilidad por los daños ambientales. Su alcance podrá observarse en un esquema regulatorio pertinente, protegiendo las cuencas y las zonas de recarga e impactando tanto colonias como parcelas.
Querétaro tiene razones de sobra para sumarse. El crecimiento urbano, la presión sobre los mantos acuíferos y la transformación de las zonas de recarga exigen una visión en la que el agua y el ambiente caminen juntos. Desde todos nuestros frentes pueden surgir propuestas valiosas para el país.
La nueva LGEEPA representa una oportunidad para actualizar las reglas y también para renovar la manera en la que las construimos. Las mejores leyes nacen cuando el conocimiento técnico se encuentra con la experiencia cotidiana. Es momento de participar. El territorio habla y corresponde abrirle espacio en la conversación.
