El escándalo de Guadalupe Taddei ha puesto al descubierto un oligopolio donde tres empresas se coludieron para controlar las adjudicaciones de materiales electorales, cuya cabeza era José Alfredo Hernández Casillas, pareja de la expresidenta del INE, cuya relación le facilitó la toma de decisiones en el órgano electoral sobre quién recibía contratos y quién no. Pero de acuerdo con fuentes de la industria, Hernández Casillas fue más allá: extorsionó a empresas fuera de su red proto criminal a las que exigía millones de pesos en pago por haberles permitido, decía, participar en los concursos.
El oligopolio lo componían Cajas Graf, propiedad de Hernández Casillas, Lithoformas y Gráficas Corona, que competían individualmente y el ganador del concurso repartía el negocio con las perdedoras. Se enfocaban principalmente en los OPLES, los Organismos Públicos Locales Electorales que nacieron con la reforma electoral de 2014 como instituciones autónomas encargadas de organizar elecciones locales en cada uno de los estados. Eventualmente hacían copartícipe de ese mecanismo a la empresa Formas Inteligentes, en un negocio que es muy cerrado y altamente lucrativo. Fuentes de la industria estiman que el mercado electoral y de papelería electoral tiene un valor superior a los dos mil millones de pesos.
La empresa de Hernández Casillas creció de la mano de Taddei y se convirtió en la cabeza del oligopolio. Cajas Graf incursionó de lleno en el mercado electoral en 2015 en la OPLE de Sonora, cuando Taddei fue presidenta del Instituto Electoral estatal, de acuerdo con una investigación de El Universal. Desde ahí, agregó el diario, se extendió a otros estados donde las cabezas de los órganos electorales eran amigos de Taddei. Ocho años antes que el presidente Andrés Manuel López Obrador la escogiera por recomendación del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y la llamara “honesta”, Taddei ya estaba involucrada, en por lo menos, conflictos de interés.
En un artículo en la edición digital del lunes de El Universal, Javier Tejado, reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoria Superior de la Federación, a encontrar múltiples contratos del Corporativo ZEG de los hermanos Hernández Casillas, con probables irregularidades: en el INE, por más de 245 millones de pesos, y en varios organismos electorales estatales como Campeche, Oaxaca, Quinta Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Nayarit, por un monto superior a los 313 millones de pesos.
Hasta dónde estaba al tanto Taddei de todo ello, o si fue copartícipe de las extorsiones, no se sabe. Y como en las investigaciones que están realizando las autoridades federales no figura, cuando menos por ahora, la Fiscalía General de la República, hay un blindaje legal escondido, pero infranqueable que la está manteniendo al margen de las pesquisas más delicadas. No obstante, si se procediera a investigar a partir de la información pública difundida por los medios, entre los presuntos delitos en los que Taddei pudo haber incurrido, de acuerdo con abogados especializados en materia electoral, está el uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho, peculado, ejercicio abusivo de funciones y, quizás, asociación delictuosa, tipificados todos en el Código Penal Federal.
A Hernández Casillas, por la evidencia pública, se le pueden acreditar los delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias. No esa fácil, por su relación, que los casos del empresario y Taddei puedan verse por separado, aunque la presidenta trate de disasociarlos. La cercanía entre ambos tenía tal nivel de confianza e intimidad, que de acuerdo con audios difundidos por TV Azteca, Hernández Casillas ordenaba a funcionarios del INE a quién debían asignar contratos y a qué horas, el día del cierre de la licitación, otorgárselos. Mangoneaba las adjudicaciones con prepotencia.
Hernández Casillas se manejaba con una enorme libertad dentro del INE, y su poder y control se lo había delegado Taddei. En su casa en el Pedregal, cuya remodelación total coincidió con la presidencia de su pareja, eran comunes las reuniones con pequeños grupos de personas que siempre llevaban escoltas, y no era extraño ver vehículos con rótulos del INE afuera de su residencia. Ahí, según un testigo que habló con la periodista Yohali Reséndiz, se palomeaban los nombramientos en el instituto y en los OPLES, en donde parecería que se están enfocando las principales investigaciones.
El primer registro de corrupción de los hermanos Hernández Casillas, recordó Tejado, fue en 2005, cuando Víctor Trujillo reveló en Televisa sobornos a funcionarios del Consejo Estatal Electoral de Guerrero, a cambio de contratos. Su negocio no era algo que mantuviera en secreto, y lo presumía su familia. Aquél escándal llegó al Congreso, pero no se hizo nada. El contrario. Se potenció con la llegada de Taddei al INE de 2023, y Hernández Casillas se convirtió en el provedor preferido. Armó el oligopolio y buscó asociarse con empresas fuera del grupo. No entraban en todos los concursos, pero cuando otra empresa ganaba la licitación, les exigía un pago. En un caso, exigió más de 30 millones de pesos por no haberla vetado.
En este potaje, se necesita una investigación penal para deslindar las responsabilidades de Taddei en los presuntos delitos por los cuales pueden imputar tambien a Hernández Casillas. No está esa ruta en el ánimo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que quiere llevar la conversación pública a un tema de misoginia, y que la probable corrupción comenzó durante la presidencia de Lorenzo Córdova, a quien pidió que también lo investigaran. Trata de repartir responsabilidades y eventuales culpas, mientras que intenta usar el tema del género para engañar. A Taddei no se le ha criticado por ser mujer, sino por sus actos, tan oscuros y sspechosos, que el martes se cancelaron todos los contratos otorgados bajo su gestión, a fin de revisarlos.
La defensa de Sheinbaum la daña a ella misma, como otras de personas cuya protección exigió el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El ADN de Morena le impide también que actúe como jefa de Estado en lugar de jugar como administradora del movimiento de la 4T. No se ha dado cuenta que son años de videos realizados por Hernández Casillas, que por una razón aún desconocida -salvo el despecho empresarial porque le quitó un contrato, como él mismo dice-, decidió hacerlos públicos en las redes sociales. Lo que iba a ser un golpe quirúrgico contra Taddei, se convirtió en algo que los anglosajones explican con una vulgaridad –“the shit hit the fan”-, cuando señalan que súbitamente explotó un asunto que llevó a una crisis profunda y al caos.
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