EL JICOTE
No hay duda de que uno de los grandes motivos de los treinta millones de ciudadanos que votaron por López Obrador fue su compromiso de combatir la corrupción y acabar con la impunidad. Personalmente, aunque no voté por él, me entusiasmaba que en foros públicos reconociera que su bandera la había tomado en un libro que escribí sobre el tema. Hace algunos días, en el superficial ejercicio de autoevaluación que hizo el Presidente, reconoció como uno de sus aciertos el combate contra la corrupción. No lo rebato, pero su política de anti corrupción es vario pinta y muy alejada de su promesa de que la acabaría. ¿Qué podemos decir al respecto?
En primer lugar la oferta electoral de “Ciudadanizar y otorgar autonomía total de los órganos de combate a la corrupción”, es una media verdad. Nadie puede considerar que la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Saldoval sea independiente. La controladora, además de que no se cansa de pregonarlo, es una reconocida militante de Morena desde hace tiempo, subordinada y porrista del Presidente. No obstante, la Secretaria convocó a la ciudadanía a que ingresemos al “Sistema de Ciudadanos Alertadores”, para ante las autoridades denunciar a los corruptos. De la misma forma que le ocurrió al Presidente Fox, después de que creó Instituto de Acceso a la Información y Transparencia, la primera solicitud de información que se recibió fue en su contra. ¿La recuerdan? Fue por la compra de unas toallas para los Pinos eran con precio de tapices turcos. La primera denuncia que acató la convocatoria de Eréndira Sandoval fue contra ella y su marido John Ackerman.
Carlos Loret de Mola acusó públicamente a la pareja de ser dueños de seis propiedades, cinco de ellas en el lapso de nueve años y pagadas de contado. En esos años los dos eran investigadores y en ese momento en la UNAM el salario más alto era de 28 mil pesos mensuales. Caso también muy parecido al del sexenio pasado en el que la esposa del Presidente, con su salario de artista de telenovelas, se compró una mansión multimillonaria.
La sexta propiedad fue un regalo del Gobierno del Distrito Federal en 2007. Al regalo sólo le faltó el moño, el gobierno de Ebrard les perdonó hasta el pago de los derechos de inscripción. La pareja tiene patrimonio inmobiliario que ronda por los sesenta millones de pesos, una cantidad que en el mercado es cinco veces superior a la que reportaron en su declaración de bienes,
De ser cierta la acusación la pareja viola la Ley de Responsabilidades y el Código de Ética, creado éste último por la misma Eréndira Sandoval. En este Código se sostiene que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios deberán presentarse con completa veracidad y transparencia. John Ackerman ha prometido demandar a Loret de Mola, pero hasta el momento no lo ha hecho. López Obrador prometió que auditaría los bienes inmobiliarios en Estados Unidos de mexicanos provenientes de la política, por cierto, donde se puede encontrar al Secretario de Comunicaciones y a la Secretaria de Gobernación, pero que no vaya tan lejos, que empiece aquí, auditando los bienes inmobiliarios de la responsable de combatir la corrupción. Lo haría, como él pregona: barriendo las escaleras desde arriba.
