La Cámara de Diputados aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que reconoce a estos como seres sintientes, pero delega a los estados la regulación de las corridas de toros, peleas de gallos, jaripeos, cabalgatas y suertes de charrería.
Con 470 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el dictamen pasa ahora al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor, “lo que sucederá en dos meses aproximadamente”, señaló este jueves el abogado Salvador Arias.
Batalle en los congresos locales
Para el jurista, en ese momento empezará “la batalla en los congresos de los estados”.
Desde el sector taurino se ha recibido la norma como una oportunidad para “recuperar” los festejos taurinos en lugares como la Ciudad de México, donde no se celebran desde la aprobación de las llamadas corridas sin sangre, en marzo de 2025.
Según Arias, la ley obliga a “regular las corridas con sus características” y la presentación de una iniciativa ciudadana podría ser el camino para el regreso de la tauromaquia tradicional.
“Si el Congreso de la ciudad se niega, se le podría llevar por omisión legislativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, señaló.
Regular no es prohibir
Arias defendió que “regular no es prohibir” y argumentó que, si el Congreso federal considerara la tauromaquia como maltrato, “la hubiese prohibido ya en la nueva ley”.
Un análisis diametralmente opuesto mantiene el director de AnimaNaturalis en México, Arturo Berlanga, para quien esta ley pone a las corridas de toros en “la casilla de jaque”.
Para el activista antitaurino, “regular va de la prohibición más estricta a la permisividad más laxa” y la norma establece que estos espectáculos deberán sujetarse a disposiciones de bienestar animal.
La excepción otorgada a las corridas de toros no preocupa a Berlanga en su objetivo de vetarlas en los 32 estados del país, pues opina que “la esencia de cualquier excepción es que no tenga consecuencias penales o administrativas”.
Obligados a respetar el principio de progresividad
En este escenario, el activista recordó que los congresos locales estarán obligados a respetar el principio de progresividad de los derechos, un mandato constitucional que impide retroceder en los estándares de protección animal ya alcanzados en cada estado y exige avanzar hacia su ampliación.
Sobre este último aspecto, Arias sostiene que el principio de progresividad solo es aplicable a los seres humanos, ya que los animales son protegidos por la Constitución, pero “no son titulares de derechos”.
La ley llegó a la Cámara de Diputados después de una reforma constitucional aprobada en noviembre de 2024, cuando el Congreso prohibió el maltrato animal y se facultó a sí mismo para expedir una ley general en la materia, con un plazo de 180 días naturales para hacerlo.
El siguiente paso clave ocurrió el pasado 29 de septiembre, cuando el Senado aprobó la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales con 115 votos a favor y uno en contra.





