La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo una sentencia condenatoria en contra de dos personas identificadas como Medelyn “N” y Juan Edgar “N”, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de extorsión calificada en grado de tentativa, por hechos registrados en el municipio de San Juan del Río.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, los acontecimientos ocurrieron el 16 de septiembre de 2025, cuando los ahora sentenciados presuntamente exigieron a una víctima la entrega de diversas cantidades de dinero bajo amenazas. Inicialmente solicitaron 150 mil pesos y posteriormente incrementaron la exigencia a 4 millones de pesos, advirtiendo que causarían daños tanto a la persona afectada como a integrantes de su núcleo familiar en caso de no cumplir con sus demandas.
La Fiscalía detalló que los hechos se desarrollaron in las inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Loma Linda. Tras recibir la denuncia correspondiente, elementos de la Policía de Investigación del Delito implementaron un operativo de asesoría y negociación con la víctima, estrategia que permitió impedir la entrega del dinero exigido.
De manera simultánea, las investigaciones realizadas por la autoridad ministerial permitieron reunir datos de prueba suficientes para identificar a los presuntos responsables y solicitar las órdenes de aprehensión que posteriormente fueron cumplimentadas.
Penalidades dictadas por la autoridad judicial
El caso concluyó mediante un procedimiento abreviado, mecanismo legal a través del cual los imputados aceptaron su responsabilidad penal. Como resultado, la autoridad judicial determinó imponer a cada uno una pena de tres años y cuatro meses de prisión.
Además de la sanción privativa de la libertad, los sentenciados deberán cubrir una multa económica, realizar seis meses de trabajo en favor de la comunidad, cumplir con la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como reparar el daño causado a las víctimas.
La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atenten contra la seguridad y el patrimonio de la ciudadanía, además de exhortar a la población a denunciar cualquier intento de extorsión para facilitar la actuación oportuna de las autoridades.
