La desaparición forzada no es solo un delito: es una herida abierta en el cuerpo de una nación. No se trata únicamente de la ausencia de una persona, sino de la suspensión misma del Estado de derecho, de la negación radical de la dignidad humana y de la ruptura del pacto social más elemental. En México, esa herida no cicatriza; por el contrario, se profundiza. Y la reciente visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, así como su reunión con la presidente Claudia Sheinbaum, ha vuelto a colocar el tema en el centro del debate público, donde nunca debió salir.
El diagnóstico internacional es claro y preocupante: México enfrenta una crisis estructural de desapariciones. Diversos informes de organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité contra la Desaparición Forzada, han señalado de manera consistente que el fenómeno no solo persiste, sino que presenta patrones de incremento, impunidad y normalización institucional. A ello se suman los informes de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que advierten sobre la incapacidad del Estado mexicano para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.
En el plano interno, la situación es aún más dramática. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que debería ser el instrumento central de política pública en la materia, se ha convertido en una base de datos cuestionada, fragmentada y, en muchos casos, políticamente manipulada. Las cifras oficiales —que superan ya las cien mil personas desaparecidas— no solo reflejan la magnitud del problema, sino también la incapacidad del Estado para ofrecer respuestas eficaces. Más grave aún: existe una creciente desconfianza social respecto de la veracidad de los datos, lo que erosiona aún más la legitimidad institucional.
Pero detrás de cada cifra hay una historia, un rostro, una familia. Y son precisamente esas familias —las llamadas “madres buscadoras”— quienes han asumido, ante la omisión del Estado, la tarea más dolorosa y peligrosa: buscar a sus desaparecidos. Equipadas con palas, picos y una fe inquebrantable, han convertido los campos de México en escenarios de búsqueda forense improvisada. En términos jurídicos, esto constituye una anomalía inaceptable: la investigación de delitos y la localización de personas son funciones indelegables del Estado. En términos humanos, es una tragedia.
La política pública mexicana parece atrapada en una paradoja: reconoce el problema en el discurso, pero lo diluye en la práctica. La creación de comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas y protocolos de actuación ha sido, en muchos casos, más un ejercicio de ingeniería institucional que una estrategia efectiva. La fragmentación de competencias entre federación y estados, la falta de coordinación interinstitucional y la escasez de recursos técnicos y humanos han convertido estos esfuerzos en estructuras burocráticas sin capacidad real de incidencia.
En este contexto, resulta indispensable adoptar un enfoque integral que articule prevención, búsqueda, investigación y reparación. Ello implica fortalecer el Registro Nacional con estándares internacionales de transparencia y confiabilidad; dotar de autonomía real a las fiscalías; profesionalizar a los peritos forenses; garantizar la participación efectiva de las víctimas; y, sobre todo, romper con la lógica de impunidad que ha permitido que este crimen se reproduzca.
La desaparición forzada es, en esencia, un crimen contra la humanidad. Y como tal, no admite relativismos ni justificaciones. Cada día que pasa sin una respuesta efectiva del Estado es un día en que la legalidad se desvanece y la barbarie se normaliza. México no puede permitirse ese lujo.
En última instancia, la pregunta no es cuántos desaparecidos hay, sino cuánta ausencia está dispuesto a tolerar el Estado. Porque cuando una persona desaparece y nadie responde, lo que realmente se pierde no es solo una vida, sino la credibilidad de toda una nación.
Hoy, más que nunca, México necesita dejar de buscar en la oscuridad y empezar a construir, con verdad y justicia, un camino hacia la luz. Porque en un país donde desaparecen las personas, también corre el riesgo de desaparecer el Estado de derecho.
