POR: VÍCTOR POLENCIANO
El de abril de 2013, la constructora queretana Grupo Empresarial Arma, SA de CV, inició un juicio contra el Municipio de Corregidora por cumplimiento de contrato de obra pública a precio alzado para 2 obras ejecutadas y no pagadas:
1. Trabajos Preliminares para la rehabilitación del predio para Instalación de Feria Municipal Corregidora 2010
2. Trabajos de Adecuación para el Estacionamiento de Vehículos Oficiales del Municipio, Santa Bárbara, Corregidora, Querétaro.
Ambos predios ubicados en la Carretera Estatal #411, de Santa Barbará, Corregidora, Querétaro, son los que hoy albergan las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Municipio de Corregidora y sede del C4, obras que en su momento fueron ejecutadas y no pagadas, como se demostró y se declaró
judicialmente.
Fuentes cercanas al litigio confiaron a PLAZA DE ARMAS que el 22 de abril de 2014, durante la administración de Antonio Zapata se dictó sentencia definitiva condenando al Municipio de Corregidora al pago del contrato respecto a los trabajos de estacionamiento y el pago del 20 por ciento anual por concepto de interés legal a partir del mes de septiembre de 2010, (durante el trienio de Carmelo Mendieta).
Para el 3 de octubre de 2014, durante la administración de Antonio Zapata, se resolvió recurso de apelación mediante el cual la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro resolvió el pago de la obra denominada Instalación Feria Municipal Corregidora 2010, así como al pago del 20 por ciento anual por concepto de interés legal a partir del mes de abril de 2013.
Pero no ha importado. La información en poder de El Periódico de Querétaro respalda que han pasado dos administraciones (Antonio Zapata y Mauricio Kuri) y sistemáticamente se ha negado a realizar el pago al que se encuentra obligado de manera irrefutable judicialmente, generando mayores perjuicios a la hacienda municipal, promoviendo diversos recursos con la única intención de viciar y retrasar dolosamente el procedimiento jurisdiccional, contando con la sospechosa colaboración desde el mes de febrero de 2016 de su nombramiento como juez interino en un principio y posteriormente como titular del Juzgado Tercero Civil del Estado de Querétaro, Jorge Iván Almada Ugalde, quien de manera inexplicable dilata injustificadamente las actuaciones que condenan al Municipio de Corregidora al pago de más de 8 millones de pesos más anexidades legales como intereses que seguirán aumentando hasta que se realice su pago total, llegando al absurdo jurídico de tomar como garantía valida un inmueble señalado por la parte demandada a fin de garantizar el adeudo siendo que por tratarse ya de la etapa correspondiente a una ejecución de una sentencia, lo procedente sería el pago de la cantidad condenada.
Cabe señalar -dice la fuente que solicitó el anonimato- que mediante auto de fecha 28 de abril de 2017, notificado al Municipio de Corregidora el 5 de mayo de 2017, se le otorgaron 5 días hábiles para su cumplimiento, plazo que transcurrió del 8 al 12 de mayo, se negó nuevamente al pago y se quiso dar cumplimiento presentando una garantía sin que sea una facultad del Municipio en esta etapa procesal, situación que -dice la fuente- imparcialmente fue concedido por el juez, quien pese a que es un derecho de Grupo Empresarial Arma SA de CV señalar bienes para garantizar el pago y cumplimiento, tuvo al Municipio de Corregidora “cumpliendo” con la sentencia dictada en autos, siendo que exhibir una garantía de ninguna manera es cumplir en forma voluntaria la sentencia como se establece en el artículo 520 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro.
