En lo que va del sexenio, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) ha presentado 517 denuncias penales por presuntos actos de corrupción, de las cuales sólo 53, alrededor del 10 por ciento, han derivado en vinculaciones a proceso.
Durante la mañanera, Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, informó que los expedientes involucran a mil 52 servidores públicos y 82 personas físicas o morales, por posibles delitos como enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, ejercicio ilícito del servicio público y peculado.
“En este periodo de dos años se han presentado 517 denuncias de servidores públicos, de los cuales 53 han sido vinculados”, reportó.
Entre los casos expuestos, Buenrostro mencionó un contrato de la extinta Policía Federal por 130 millones de dólares para desarrollar un sistema en 2015, al que posteriormente se agregaron 65 millones de dólares bajo el argumento de seguridad nacional.
Funcionarios inhabilitados
La funcionaria señaló que por ese expediente se impusieron inhabilitaciones de entre 15 y 20 años al titular de la división de inteligencia y al encargado administrativo, además de que se reclama la reparación del daño por 65 millones de dólares y se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Buenrostro expuso otro caso relacionado con un contrato por 80 millones de pesos para servicios de producción y envasado, del cual se pagaron anticipadamente alrededor de 73 millones pese a que, afirmó, el servicio nunca fue prestado.
La Secretaria indicó que en ese expediente están involucrados servidores públicos y un proveedor, por lo que se iniciaron procedimientos administrativos y se presentó una denuncia penal ante la FGR.
También informó sobre una investigación iniciada en 2025 junto con la dirección médica del ISSSTE, luego de detectar que medicamentos, principalmente oncológicos, eran manipulados y etiquetados en un almacén privado con participación de servidores públicos y personas externas.
Por ese caso, agregó, se presentó una denuncia penal contra servidores públicos y un particular y, en febrero de 2026, se integró además un expediente por falta administrativa grave por abuso de funciones y daño patrimonial.
Buenrostro explicó que las irregularidades administrativas que pueden constituir delitos son denunciadas también ante la FGR, además de los procedimientos que corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Faltas administrativas
En el ámbito administrativo, la dependencia reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados, de los cuales 3 mil 528 incurrieron en faltas no graves.
Las principales conductas detectadas fueron la autorización de pagos indebidos, sustracción de información bajo resguardo de funcionarios, pagos por bienes o servicios que nunca fueron entregados, compras innecesarias o injustificadas, ocultamiento de bienes, incrementos patrimoniales y falsificación de documentos.
La Secretaría remitió además al TFJA los casos de mil 737 servidores públicos por faltas graves, debido a que la dependencia integra los expedientes, pero corresponde al Tribunal imponer las sanciones.
De esos mil 737 casos enviados al Tribunal, 87 ya fueron notificados como sancionados y mil 650, equivalentes a alrededor del 95 por ciento, permanecen en proceso.
En el caso de particulares, Buenrostro reportó 286 inhabilitados, de los cuales 222 recibieron únicamente multas y 64 fueron sancionados con inhabilitación y multa, con sanciones económicas por un total de 147 millones de pesos.
Entre las irregularidades atribuidas a proveedores mencionó la presentación de documentación falsa en licitaciones, incumplimientos de contratos, simulación de experiencia técnica o capacidad económica y ocultamiento de conflictos de interés.
Acciones preventivas
Sheinbaum destacó además las acciones preventivas de la dependencia y afirmó que mediante revisiones de licitaciones, contratos, obras y estructuras administrativas se han evitado erogaciones por cerca de 83 mil millones de pesos en los últimos dos años.
“Si ellos revisan, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, alguna licitación que no viene bien desde el principio, que tiene problemas, pues de inmediato la para y entonces se revisa quién hizo alguna afectación, se toman medidas cautelares, es decir, se mueve al servidor público que está en esa área por considerar que es posible que estuviera involucrado en algún acto de corrupción“, explicó la Presidenta.
