Foto: UAQ
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A nombre de la comunidad universitaria, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Dra. Teresa García Gasca, acudió a la Audiencia Pública “Ley General de Educación y otros ordenamientos”, en la Cámara de Diputados federal, con el objetivo de ser partícipe en la elaboración de un marco regulatorio secundario que contribuya a fortalecer la educación superior en México.

En esta Audiencia -organizada por la Comisión de Educación de la Cámara Baja- participaron 40 ponentes desde docentes jubilados, directivos, líderes de asociaciones, secretarios generales de sindicatos, supervisores escolares, así como diferentes actores de la educación en México, tanto en los niveles básico, medio superior y superior.

La Rectora demandó que se consideren estrategias para paliar las desigualdades económicas y sociales en el país,  darles prioridad a los estudiantes de bajos recursos, a las personas con discapacidad y a quienes forman parte de una comunidad indígena o a los diferentes grupos vulnerables.

Por lo tanto, solicitó que se agregue, después del último párrafo actual de la Ley General de Educación, lo siguiente “Con el propósito de promover la permanencia y conclusión exitosa de la formación de sus estudiantes, las universidades públicas deberán contemplar en sus legislaciones internas mecanismos que permitan reducir la brecha social y fomentar la inclusión entre sus integrantes, con especial énfasis en los grupos vulnerables”.

Desde el Salón “Legisladores de la República” de la Cámara de Diputados, la Rectora también propuso con la finalidad de garantizar la imparcialidad de todos los aspirantes a ingresar a las universidades, que se adicione al segundo párrafo del Artículo 1° de la Ley General de Educación, el siguiente texto:
“Los requisitos y mecanismos de acceso deberán ser transparentes, imparciales y públicos, considerando en todo momento las capacidades y herramientas necesarias para el cumplimiento de los perfiles de ingreso a los diferentes programas de estudio”.

Asimismo, la Rectora explicó que es obligación del poder legislativo generar las disposiciones legales que constriñan a los tres niveles de gobierno a proporcionar los recursos necesarios para poner en operación la gratuidad en la educación superior.

De tal suerte, planteó que se modifique el tercer párrafo del Artículo 6° de la Ley General de Educación, de la siguiente forma “En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, reinscripción, el acceso a la escuela, o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, el pago de contraprestación alguna”.

Así también, pidió adicionar un cuarto y quinto párrafo con la siguiente información “En el caso de la educación superior pública, esta será gratuita al menos en los niveles de Técnico Superior Universitario y licenciatura para los procesos de inscripción y reinscripción, así como en el costo de la matrícula.  A fin de alcanzar una verdadera equidad, se dirigirán los subsidios públicos destinados al cumplimiento de la gratuidad a los estudiantes con menor capacidad económica, por lo que aquellos que previo estudio socioeconómico se determine que pueden costear su educación, lo harán.”

De igual forma, instó la incorporación del siguiente artículo transitorio “Para el cumplimiento de la gratuidad en la educación pública superior, es obligación de la federación, solicitar informes detallados de cada una de las instituciones correspondientes, respecto de los ingresos propios que se obtenían anualmente por los conceptos que serán gratuitos en virtud de la reforma constitucional de 2019.

La Cámara de Diputados proveerá, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, dichos recursos para el ejercicio fiscal 2020, de manera adicional al gasto ordinario. En los ejercicios subsecuentes, estos recursos serán parte del presupuesto irreductible y aumentarán de acuerdo a la proyección de matrícula que presente cada Institución de Educación Pública Superior”.

Respecto al financiamiento de la educación, la Dra. García Gasca resaltó que la Ley General de Educación debe contener sanciones en caso de incumplimiento y establecer responsabilidades en los tres niveles de gobierno para la educación superior, planteando de esta forma:

“El incumplimiento de esta disposición y la falta de oportunidad en la entrega de los recursos, serán objeto de sanción a las autoridades responsables, de acuerdo a las normas aplicables. En el caso del financiamiento para las instituciones de educación pública superior del país, el presupuesto federal al que accederán no podrá ser menor del año anterior inmediato. Es obligación de los poderes legislativos y ejecutivos de los estados proveer a las universidades públicas de su respectiva entidad del igual monto de recursos que el que asigne la federación por cada ejercicio presupuestal. Como parte del trato equitativo, los subsidios públicos por estudiantes entregados a las universidades públicas autónomas, deberán ser homogéneos en todas las entidades del país”.

Finalmente, concluyó que “las universidades públicas debemos observar la ley con transparencia en la rendición de cuentas y en sus procedimientos, para ello la ley debe ser clara y observada, asimismo, por la federación y autoridades estatales para su cumplimiento”.

Con ello, dijo, “estaremos apoyando a nuestra juventud a través del mejor legado que les podemos dar que es la educación. Estamos a sus órdenes y, sobre todo, con la mejor intención de poder apoyar y aportar para un mejor proyecto de educación superior de nuestro país”.

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