Ex agentes federales promovieron indemnizaciones por más de mil 230 millones de pesos, a pesar de que no tenían derecho a pensión por jubilación. La Fiscalía General de la República (FGR) investiga demandas laborales que condenan al ISSSTE a pagar indemnizaciones por más de mil 230 millones de pesos a ex agentes de las desaparecidas Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Tanto el ISSSTE como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) denunciaron seis laudos presuntamente ilegales en los que se ordenó al instituto pagar la suma referida a un total de 880 ex servidores públicos, la mayoría ex agentes federales, por concepto de indemnización global.
Dicha prestación, equivalente a 45 días del último sueldo básico, estaba prevista para ex funcionarios que no tenían derecho a pensión por jubilación, sin embargo fue derogada y desapareció en la nueva Ley del ISSSTE que está vigente desde abril de 2007.
De acuerdo con la indagatoria, los ex agentes ya no tenían derecho a la indemnización global y además contaban con Afore.
A pesar de ello, los ex agentes presentaron sus demandas en el 2021 con base en la anterior Ley del ISSSTE -aunque estaban sujetos a la actual- ante la entonces Junta Especial 42 de la JFCA, en Torreón, Coahuila, la cual sentenció los pagos favorablemente.
“Las demandas son oscuras e irregulares, ya que no se detalla la fecha exacta de ingreso a la fuente de trabajo, y poder así determinar la antigüedad real del actor”, dice una de las querellas.
El rastro de un millonario fraude territorial
Una de las primeras irregularidades señaladas es que, por cuestión de territorialidad, la Junta Especial de Torreón era incompetente para tramitar los juicios laborales, ya que las demandas procedían de diversos estados del País.
Otra es que la Junta Especial les dio entrada, sin que los demandantes precisaran su salario base, omitiendo un procedimiento que la obligaba a señalar este defecto y dar un plazo de 3 días para que fuera subsanado.
La indagatoria precisa que, a pesar de no corregirse ese error de origen, las demandas fueron radicadas por Aarón David Carrillo Ochoa y Edgar Ubaldo Ruiz Castillo, secretario de acuerdos y auxiliar, respectivamente, de la Junta Especial 42.
El laudo más importante que dictaron fue uno por 950 millones de pesos, en favor de 678 ex funcionarios. Gracias a que este presunto fraude fue detectado, la JFCA frenó la ejecución y cobro de los laudos, por parte de los ex agentes, y el 17 de junio de 2024 la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42.
