El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas, Juan Pablo Albán, defendió ayer la decisión de ese órgano de solicitar la intervención de la ONU para atender la situación en México.
Al presentar su informe anual ante la Tercera Sección de la Asamblea, en Nueva York, remarcó que para el CED existen indicios fundados de la comisión de desapariciones forzadas —tipificadas como crímenes de lesa humanidad— en el país y de la persistencia de esta práctica.
El Comité, señaló, llegó a esa conclusión tras examinar la información proporcionada por el Estado mexicano, las aportaciones de las víctimas y organizaciones, junto con los antecedentes recopilados desde 2012, momento en que se inició el procedimiento.
Activación de mecanismo de urgencia
Y decidió, en abril de este año, aplicar por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para someter la situación a examen de la Asamblea General con carácter de urgencia.
“Esta decisión no constituye una determinación de la responsabilidad internacional del Estado mexicano; asimismo, el Comité no halló indicios fundados de una política federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas”, subrayó.
Desalojo de activistas y postura oficial
Luego de la presentación de su informe, Albán reprochó que familiares y activistas que mostraron fotografías de desaparecidos fueran retirados de la sala donde se realizó la sesión.
En la sesión, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, rechazó la interpretación del CED y señaló que el Gobierno no consiente este delito.
