Dos ex funcionarias de Guerrero, ambas de edad avanzada, son las “personas colaboradoras” que declararon contra el ex Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, detenido ayer por el supuesto ocultamiento o destrucción de videos de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Fuentes cercanas al caso informaron que se trata de Lambertina Galeana Marín, ex Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal, quien apenas la semana pasada obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria como parte de su proceso.
La otra testigo es Blanca María del Rocío Estrada Ortega, ex Subprocuradora de Justicia del estado, quien fue detenida en marzo pasado luego de un cateo a su departamento en la capital del país.
Las fuentes informaron que ambas ex funcionarias habrían pactado un criterio de oportunidad con la FGR, como parte de una carpeta de investigación distinta a la que generó su detención.
Se trata de mujeres de edad avanzada. Galeana Marín, de 81 años de edad, estaba recluida desde mayo de 2025 en el penal femenil Número 16, en Coatlán del Río, Morelos.
Estrada Ortega tiene 73 años, mientras que la persona con la que fue detenida durante el cateo, Margarita Anguiano Castro, tiene 83 años y presentan diversas complicaciones de salud.
La FGR cateó el departamento de Estrada por un testimonio que la relaciona con la pérdida de videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
Enfrenta primera audiencia
Ángel Aguirre Rivero enfrentará este viernes su primera audiencia ante un juez federal por las nuevas acusaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.
La audiencia inicial —preliminarmente programada a las 10:00 horas— será el primer encuentro de Aguirre con el juez de control tras su traslado al Altiplano, en Almoloya de Juárez.
De acuerdo a la Agenda de audiencias del Centro de Justicia, a esa hora está fijada la audiencia inicial con causa penal 291/2026 de manera formal.
Tampoco se ha informado de manera oficial si la diligencia judicial programada para este viernes será de carácter pública o privada por las autoridades.
In esta diligencia, el Ministerio Público Federal formulará la imputación, es decir, deberá comunicar al ex Mandatario qué hechos concretos le atribuye en el expediente.
La audiencia inicial constituye la puerta de entrada al proceso penal y puede desarrollarse en una o dos sesiones, dependiendo de la decisión que adopte el acusado en la sesión.
Medidas cautelares en prisión
Conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez formulada la imputación, Aguirre tendrá derecho a declarar o guardar silencio ante la autoridad judicial.
Posteriormente, la FGR solicitará al juez la vinculación a proceso y deberá exponer los datos de pruebacon los que pretende demostrar la autoría del imputado.
La defensa podrá responder a los argumentos del Ministerio Público y presentar los datos de prueba que considere pertinentes para desestimar los cargos.
Sin embargo, la situación jurídica del ex Gobernador no necesariamente será definida hoy por el juez de la causa en esta primera sesión.
El Código Nacional de Procedimientos Penales permite al imputado solicitar que el juez resuelva la vinculación dentro del plazo constitucional de 72 horas o pedir su duplicidad.
Mientras transcurre ese plazo deberá resolverse también la petición de medidas cautelares que formule la Fiscalía como la prisión preventiva durante el procedimiento.
