Al margen de la Constitución de Sonora, Morena otorgó un cargo operativo a Blanca Diva Ponce Caro, recién electa como jueza en materia penal del Circuito 2 en el estado.
Este fin de semana, Ponce fue nombrada secretaria ejecutiva de uno de los comités seccionales del partido en el estado.
El líder local de la institución política, David Mendoza, tomó protesta del cargo a 246 presidentes y secretarios ejecutivos, incluida Ponce Caro, quienes dirigen los grupos encargados de organizar a las bases en las secciones electorales de Cajeme, e instaló formalmente el Consejo Municipal.
“En Cajeme seguimos dando pasos firmes en la construcción de un movimiento más cercano, organizado y comprometido con la gente, con la integración del Consejo Municipal. La participación y el trabajo en unidad son fundamentales para seguir fortaleciendo la transformación desde cada comunidad”, difundió a través de redes sociales.
En julio de 2025, el Consejo Nacional de Morena, cuyo presidente es el propio gobernador del estado, Alfonso Durazo, aprobó los Lineamientos de Operación de los Comités, donde se especificó que entre sus funciones está promover las acciones y actividades del partido, llamar al voto y difundir el periódico Regeneración.
En el arranque de la instalación de los comités, la exdirigente nacional del partido, Luisa Alcalde, informó que después de elegir a los presidentes y secretarios ejecutivos, éstos se encargarían de organizar a las bases y posteriormente deberían reunirse en el Consejo Municipal para rendir un informe.
No obstante, tras la reforma al Poder Judicial del oficialismo, la Constitución estableció que los estados deben garantizar, mediante sus leyes orgánicas o constituciones, la independencia de los magistrados y jueces.
“La independencia de las magistradas y los magistrados y juezas y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados”, según el artículo 116.
En ese sentido, la Constitución del estado prohíbe a los jueces aceptar cargos en el gobierno, en municipios o en instancias particulares.
“Los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados regionales de circuito, los jueces de primera instancia, los jueces laborales y los jueces locales que estén en funciones, no pueden ser abogados en causa ajena, apoderados, asesores o árbitros de derecho, ni desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de la Federación, del gobierno del estado, de otras entidades, de los municipios o de particulares”, indica.
Durante su campaña en mayo de 2025, Ponce Caro aseguró que transformaría el Poder Judicial para castigar los delitos con “todo el peso de la ley”.
En junio de ese mismo año, recibió la constancia que la acredita como jueza penal del Circuito 2.
Recientemente, el INE le impuso una sanción económica por entregar tarde y con errores de forma la documentación para fiscalizar sus gastos de campaña.
