Hay gobiernos que temen a los ejércitos, otros a las elecciones y algunos, aparentemente, también a los memes. México discute dos reformas que, bajo propósitos legítimos —combatir la piratería, proteger la propiedad intelectual y evitar fraudes digitales—, han encendido una alarma mucho más profunda: hasta dónde puede llegar el Estado cuando las herramientas creadas para proteger derechos terminan convertidas en instrumentos capaces de inhibir la crítica.
El Senado aprobó el 30 de septiembre reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El dictamen recibió 72 votos a favor y 34 en contra. Entre sus disposiciones se encuentra el polémico artículo 403 Bis, relacionado con la utilización de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales para inducir al error o engaño con intención ilícita.
Digámoslo con precisión: la reforma no establece literalmente que hacer un meme, una caricatura o una parodia del gobierno constituya delito. La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado expresamente esa interpretación y sostiene que la finalidad es perseguir fraudes y usos ilícitos de símbolos oficiales. Pero en derecho constitucional importa tanto lo que una norma pretende hacer como aquello que su redacción permite hacer.
La ONG Artículo 19 ha advertido que la regulación sobre identidad gráfica gubernamental puede criminalizar expresiones protegidas, mientras legisladores opositores sostienen que la amplitud de algunos conceptos podría alcanzar sátiras, cartones y memes. La segunda alarma proviene de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. Asimismo, cuestionaron que el nuevo régimen amplíe responsabilidades de los proveedores de internet y genere incentivos para retirar contenidos ante reclamaciones sobre derechos de autor. Particularmente preocupante resulta la obligación propuesta de establecer políticas para terminar el servicio a quienes sean considerados infractores reincidentes. La organización advierte que ello podría convertirse en una forma de censura previa respecto de publicaciones futuras.
Aquí aparece el verdadero problema. La censura del siglo XXI quizá no necesite un funcionario sentado frente a una imprenta con lápiz rojo. Basta crear suficientes responsabilidades, sanciones e incertidumbre para que periodistas, medios, plataformas y ciudadanos decidan callarse antes de averiguar cuánto cuesta hablar. Es el llamado efecto inhibidor: no hace falta encarcelar a todos; basta conseguir que muchos teman poder ser castigados. Y eso resulta especialmente delicado cuando hablamos de crítica política. Los artículos 6º y 7º constitucionales protegen la manifestación de ideas y la libertad de difundir opiniones e información. La Suprema Corte ha construido además un sistema dual de protección: quienes desempeñan actividades públicas están sometidos a límites de crítica más amplios porque el escrutinio ciudadano es inseparable del ejercicio del poder.
La Corte incluso ha establecido que ese mayor nivel de tolerancia respecto de asuntos de interés público puede permanecer después de abandonar el cargo. Dicho sin lenguaje de tribunal: quien entra voluntariamente a la arena política debe saber que habrá polvo, golpes retóricos, caricaturas, ironía y sátira. La democracia no garantiza políticos de porcelana.
La caricatura política ha acompañado durante siglos al periodismo porque consigue aquello que muchas páginas no pueden: desnudar al poder mediante una imagen. El cartón exagera. La sátira incomoda. El meme ridiculiza. Precisamente por eso pueden constituir formas poderosas de expresión. Y este principio no tiene partido.
Sería hipócrita denunciar intolerancia solamente cuando proviene de Morena. En Querétaro también existen políticos y funcionarios vinculados al PAN que reaccionan incómodamente ante columnas, caricaturas, investigaciones o críticas. El problema no es cromático. La piel delgada del gobernante puede ser guinda, azul, verde o de cualquier color. El poder siempre preferirá el espejo que embellece al que muestra sus arrugas.
Por eso la libertad de expresión existe principalmente para proteger el discurso incómodo. Los elogios no necesitan garantías constitucionales. Incluso la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana ha sostenido que los funcionarios públicos están sometidos a mayor escrutinio y ha advertido contra normas que penalicen expresiones ofensivas dirigidas al poder.
México necesita combatir la piratería, proteger autores y perseguir a quienes suplanten instituciones para defraudar ciudadanos. Eso es perfectamente legítimo. Lo que no necesita es construir una puerta jurídica que mañana pueda abrirse contra quien utiliza el humor para fiscalizar al gobernante. Porque las leyes sobreviven a quienes las redactan.
Hoy una mayoría puede pensar que nunca utilizará esas facultades contra periodistas o ciudadanos. Mañana gobernará alguien distinto y tendrá exactamente las mismas herramientas. La democracia comienza precisamente ahí: protegiendo también la expresión que irrita al gobernante. El meme puede ser irreverente, vulgar, exagerado e incluso injusto. Pero un gobierno democrático debería poder sobrevivir a una caricatura. Cuando el poder comienza a temerle a la risa, quizá el problema nunca fue el meme. Fue el poder.
