La iniciativa de reforma constitucional enviada a la Cámara de Diputados para modificar la elección judicial propone aplazar de 2027 a 2028 la segunda etapa de renovación de Jueces y Magistrados federales, además de rediseñar el sistema de votación, reducir candidaturas y endurecer el control sobre los procesos locales.
En los hechos, se trata de una corrección al modelo original de la elección de 2025, donde fueron empleados acordeones para que resultaran electos Jueces, Magistrados y Ministros cercanos a la 4T.
El proyecto -que reforma diversos artículos de la Constitución y transitorios de la reforma judicial de 2024 y al que REFORMA tuvo acceso- sostiene que la experiencia de la elección extraordinaria de 2025 evidenció “áreas de oportunidad” para simplificar el voto, disminuir el número de aspirantes y homologar criterios en todo el país.
Entre los cambios más relevantes destaca que la siguiente elección judicial federal dejaría de realizarse en 2027 y pasaría al primer domingo de junio de 2028, coincidiendo con la consulta para la revocación de mandato.
La reforma también obliga a que las elecciones judiciales locales se realicen en la misma fecha que la federal, eliminando la posibilidad de calendarios distintos en los estados.
Los artículos transitorios aplazan formalmente la renovación pendiente de Magistrados y Jueces federales de 2027 a 2028; la renovación de Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral; y las elecciones judiciales locales pendientes.
Además, las personas juzgadoras que concluirían funciones en 2027 permanecerían un año más en el cargo, hasta septiembre de 2028.
Menos candidaturas; boletas más simples
Uno de los cambios centrales consiste en disminuir drásticamente el número de candidaturas por cargo.
Actualmente, los Comités de Evaluación integran listas de hasta 10 aspirantes para Ministros y Magistrados electorales, y de seis para Magistraturas y Juzgados de distrito. La iniciativa reduce ese número a sólo cuatro perfiles mejor evaluados por cargo y posteriormente una insaculación pública dejaría únicamente dos candidaturas finales por posición.
Además, el texto establece que cada ciudadano sólo podrá votar por una candidatura por especialidad judicial.
La propuesta de reforma también rediseña las boletas electorales para identificar claramente qué Poder postuló a cada candidatura; si el aspirante es juzgador en funciones; y la especialidad judicial correspondiente.
Nueva división territorial judicial
La iniciativa crea un nuevo modelo de “distritos judiciales electorales“.
El INE tendría facultades para dividir cada circuito judicial en distritos específicos, dependiendo del número de cargos y especialidades a elegir.
El documento usa como ejemplo el Primer Circuito Judicial de la Ciudad de México, donde las materias administrativa, civil, penal y laboral serían distribuidas territorialmente para que cada elector vote por una candidatura de cada especialidad.
Además, el Instituto Nacional Electoral asignaría de manera aleatoria candidaturas por distrito y por género para garantizar paridad.
‘Secciones’ en Suprema Corte
La propuesta modifica nuevamente el diseño de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque la reforma de 2024 eliminó las salas para que la Corte funcionara únicamente en Pleno, ahora se plantea que opere “en Pleno y en dos secciones“.
Según la exposición de motivos, las nuevas secciones permitirían resolver asuntos de trámite y desahogar carga de trabajo sin reinstalar formalmente las salas tradicionales.
Blindaje contra partidos
El proyecto ordena que las autoridades electorales impidan la intervención de representantes de partidos políticos en las elecciones judiciales.
También establece que el escrutinio y cómputo de votos se realice directamente en las casillas donde se emitieron los sufragios, salvo casos excepcionales.
Jueces aspirantes: a renunciar
Otro cambio relevante es que Jueces, Magistrados o Ministros que quieran competir por otro cargo de elección deberán renunciar de manera “expresa e irrevocable” antes de registrarse como candidatos.
La iniciativa también incorpora programas obligatorios de capacitación y evaluación permanente para personas juzgadoras electas.
¿Y en los estados?
La reforma endurece las reglas para los poderes judiciales estatales, que deberán copiar el modelo federal.
El texto señala expresamente que las entidades deberán sujetarse “estrictamente” al modelo federal en materia de procedimientos, duración de cargos, comités de evaluación, paridad y mecanismos de selección.
La exposición de motivos acusa que algunos estados se apartaron del diseño constitucional original tras la reforma de 2024.
