La Suprema Corte de Justicia confirmó hoy, en definitiva, que el Estado es el nuevo dueño de una mansión de 51.7 millones de pesos en Lomas de Bezares, comprada en 2012 por el ex director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
El Ministro presidente Hugo Aguilar desechó el recurso de revisión con el que Lozoya intentó impugnar la sentencia dictada el pasado 15 de abril por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, que le negó el amparo directo contra la declaración de extinción de dominio del inmueble.
Aguilar desechó el recurso por considerar que no plantea temas novedosos de interpretación constitucional o relevancia jurídica. La decisión del Ministro es inapelable.
Polémica de la retroactividad de la ley
La extinción de dominio fue dictada en mayo de 2024 por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materias Civil y Administrativa, al concluir que Lozoya compró la casa con recursos del presunto soborno que le pagó Alonso Ancira, entonces dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), para que Pemex adquiriera en 2013 su planta Agronitrogenados en Veracruz por un precio inflado de 273 millones de dólares.
En su amparo, Lozoya alegó que se le aplicó de manera retroactiva la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019, when la que estaba vigente en 2012 y 2013 era la ley federal de la misma materia, que no contemplaba la extinción de bienes relacionados con el delito de lavado de dinero.
Sin embargo, en el tribunal colegiado que negó el amparo, los Magistrados Fortres Mangas Martínez y Cristian Martínez Morales, ambos electos por voto popular, rechazaron el argumento de retroactividad, que solo fue apoyado por Araceli Trinidad Delgado, Magistrada de carrera judicial.
La aparente aplicación retroactiva de la ley nacional era, precisamente, el tema que Lozoya planteó a la Cortecomo relevante.
El destino de la residencia
Lozoya aún no ha sido declarado culpable en el proceso penal por el soborno de AHMSA, pero la extinción de dominio es un juicio civil que no requiere que exista sentencia declarando que realmente existió un delito, sino solo indicios de conexión de los bienes con la conducta penal.
La residencia en cuestión ocupa un terreno de mil 165 metros cuadrados en el número 11 del conjunto Residencial la Retama, en la calle de Ladera 20, Lomas de Bezares. Lozoya la compró por 38 millones de pesos.
Una vez confirmada la extinción, el Gobierno federal tendrá amplio margen para decidir en qué usará los recursos que se obtendrán con la venta del inmueble, que tocará llevar a cabo al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
