Trece millones y medio de pesos no se pierden por descuido. No se evaporan entre banquetas, camellones, luminarias, drenajes o baldíos. Cuando una auditoría encuentra pagos millonarios sin soporte suficiente para comprobar destino, aplicación y ejecución física de los servicios, ya no estamos frente a grilla de Congreso. Estamos frente a un expediente que exige nombres, contratos, facturas y responsables.
Y ese expediente toca directamente a Claudia Díaz Gayou.
La Entidad Superior de Fiscalización del Estado revisó la Cuenta Pública 2024 de Tequisquiapan y encontró dos piezas que rompen cualquier discurso de pureza. Una persona física identificada con el RFC DIGC860206N58 aparece relacionada con trabajos de mejoramiento, rehabilitación, restauración y reparación de bienes de dominio público, además de mantenimiento de alumbrado público, por 7 millones 310 mil 700 pesos. En el mismo expediente aparece Themyscira S. de R.L. de C.V., RFC THE2106186Q3, contratada para mantenimiento de áreas verdes, banquetas, baldíos, camellones, calles y drenajes, por 6 millones 283 mil 397 pesos.
La suma ronda los 13.5 millones de pesos.
Ese número no es menor. Es el tamaño del problema.
La observación de fondo tampoco es un tecnicismo. La auditoría no tuvo elementos suficientes para acreditar plenamente qué se hizo, dónde se hizo, cómo se hizo y con qué evidencia material. Dicho en lenguaje de calle: se pagaron millones, pero faltó comprobar con solidez la ejecución física de los servicios.
Ahí empieza a caerse el teatro.
Porque Themyscira no es una empresa perdida en un padrón municipal. En el Registro Público de Comercio aparece inscrita bajo el FME N-2021045308, constituida el 1 de julio de 2021. En el alta de socios figuran Greta Blanca Estela Cañas Beltrán y Claudia Díaz Gayou. No es rumor, no es campaña negra, no es filtración de pasillo, no es violencia política de género. Es registro mercantil.
Y todavía hay otro dato que merece lupa: el 7 de marzo de 2024 aparece una modificación al objeto social de la empresa, justo en el mismo año de la cuenta pública observada de Tequisquiapan.
Con esos datos sobre la mesa, Claudia Díaz Gayou no puede subirse a la tribuna a dar clases de anticorrupción como si viniera de una montaña moral. No puede cuestionar el método para elegir Fiscal Anticorrupción mientras carga un expediente donde aparece una empresa de la que figura como socia. No puede vender pureza institucional mientras una cuenta pública que ella debía vigilar trae pagos millonarios observados.
La propia diputada tuvo que excusarse de revisar la cuenta pública de Tequisquiapan por posible conflicto de interés. Esa excusa no la limpia. La exhibe. Porque si tuvo que apartarse, sabía que había un problema. Y si sabía que había un problema, jamás debió tocar, conducir, retrasar, administrar ni presidir políticamente una revisión donde su sombra empresarial estaba metida en el expediente.
El conflicto no nace cuando la prensa lo publica. Nace cuando el interés privado se cruza con la función pública.
Por eso este asunto ya rebasó el pleito entre partidos. No estamos hablando de un intercambio más entre PAN, Morena, PT o los grupos que orbitan alrededor de Gilberto Herrera. Estamos viendo una forma de hacer política: gritar corrupción hacia afuera mientras se administra el expediente propio hacia adentro.
El ala radical del gilbertismo quiere venderse en Querétaro como reserva ética, como si bastara repetir “pueblo”, “transformación” y “honestidad” para borrar los papeles. Pero la pureza no se presume: se comprueba. Y aquí hay RFC, empresa, registro mercantil, auditoría, montos observados, cuenta pública y conflicto de interés reconocido.
Por eso la disputa por la Fiscalía Anticorrupción no puede verse como un simple debate técnico. Es una batalla por el control del expediente. Quien controle esa Fiscalía controlará qué carpetas avanzan, cuáles duermen, a quién se cita, qué contratos se cruzan, qué facturas se revisan y qué observaciones terminan archivadas con lenguaje bonito.
Ese es el verdadero botín. No la silla. La llave.
Morena y sus aliados dicen que no quieren un fiscal a modo. Pero cuando una de sus voces más ruidosas trae encima millones observados, una empresa vinculada, una comisión legislativa contaminada por intereses y un conflicto reconocido, la pregunta se vuelve inevitable: ¿quieren un fiscal independiente o quieren blindaje político para los suyos?
El caso tampoco se queda en Claudia. Ahí aparece Carlos Alberto Rentería Rivera, señalado públicamente como su pareja, exsecretario de Finanzas de Tequisquiapan y personaje clave en este entramado. Rentería ha sido vinculado en notas públicas con contratos por más de 8 millones de pesos con ese municipio entre 2021 y 2023. Después, lejos de quedar fuera de la revisión, fue incorporado al Consejo de Asesores presentado por Díaz Gayou para analizar cuentas públicas. Ese dato cambia el tamaño del cuadro: ya no hablamos sólo de una diputada empresaria, sino de un entorno personal, político y técnico que conoce cómo se contrata, cómo se audita, cómo se solventa una observación y cómo se enfría un expediente.
En la actualización documental también aparecen sociedades mercantiles que deben revisarse con lupa: Lumar Community, Habitat Supreme, Real Estate & Services PARB y CYM Comunicaciones. No se trata de condenar desde una columna. Se trata de hacer periodismo: cruzar nombres, empresas, socios, cargos, contratos, padrones, cuentas públicas y dinero público.
Ahí aparece la verdad.
Y esa verdad incomoda porque rompe la narrativa del “pueblo bueno” en versión queretana.
Claudia Díaz Gayou no debería estar dando lecciones de fiscalización. Debería estar dando explicaciones. No debería estar empujando discusiones sobre quién debe investigar la corrupción. Debería aclarar qué pasó con Themyscira, con Tequisquiapan y con los millones observados.
Una diputación no convierte a nadie en intocable. El fuero no es detergente. No borra RFC. No desaparece registros mercantiles. No comprueba obras. No sustituye facturas. No valida bitácoras.
Y aquí es donde el gobernador Mauricio Kuri no puede mirar el asunto como una grilla más del Congreso. Si la reforma intenta meter la mano del Congreso en la Fiscalía Anticorrupción para capturarla políticamente, debe vetarla. Pero también debe tomar la iniciativa: exigir que se abra la ruta completa del dinero público.
Que se revisen contratos, CFDI, transferencias, bitácoras, actas de entrega, fianzas, garantías, fotografías, responsables municipales, Comité de Adquisiciones, Tesorería y Servicios Públicos.
Querétaro no puede permitir que quienes aparecen alrededor de expedientes observados quieran diseñar al árbitro que podría investigarlos.
Si la investigación acredita responsabilidad administrativa, que venga la inhabilitación. Si acredita daño patrimonial, que venga la reparación. Si los hechos alcanzan materia penal, que venga la carpeta. Y si un juez acredita delito, que venga la cárcel.
Así de simple.
La 4T queretana dice que quiere limpiar la vida pública. Que empiece por su casa. Que Claudia explique los 13.5 millones observados. Que abra Themyscira. Que entregue contratos. Que muestre bitácoras. Que enseñe dónde quedaron las banquetas, los camellones, las luminarias, las calles, los drenajes y las áreas verdes que pagó Tequisquiapan.
Querétaro no necesita fiscales a modo.
Necesita fiscales con dientes.
Y periodistas con memoria.
A chambear.
@GildoGarzaMx
