El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum está abandonando el modelo de trenes de pasajeros operados por militares.
En su lugar, comienza a implementar un nuevo modelo donde los trenes son operados por medio de outsourcing, sin empleados propios del Gobierno, y mediante un esquema que permitirá aminorar eventuales subsidios, al no cargar a empresas estatales los costos del servicio, de acuerdo con especialistas del sector.
El pasado jueves se publicó la asignación del Tren AIFA-Pachuca al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), para que se haga cargo de su operación, mantenimiento y obras complementarias.
El Fonadin es un fideicomiso sin estructura orgánica, es decir, no tiene personal propio, y su administración corre a cargo de Banobras, que ya opera los trenes a Toluca y al AIFA con empleados del mismo grupo de outsourceras.
La asignación del AIFA-Pachuca es equivalente a las concesiones que se dan a empresas privadas. La decisión es significativa, porque, de los cuatro nuevos trenes que construye la actual administración, es el primero que pasa al Fonadin, pese a que las obras están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La estrategia de financiamiento detrás del fideicomiso ferroviario
El Tren México-Toluca, iniciado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue transferido al Fonadin en 2023, mientras que el Tren Suburbano de Buenavista al AIFA, otro proyecto que terminó ejecutando la Sedena, también fue asignado a dicho fideicomiso por orden Presidencial en febrero pasado.
Por tratarse de un fideicomiso, el Fonadin no está sujeto a las reglas del presupuesto de egresos anual y puede recibir aportaciones del Gobierno que no estén expresamente etiquetadas como subsidio para algún tren.
“En caso de que el asignatario acredite que el tramo Xaltocan (estación previa al AIFA) -Pachuca se encuentre en una situación de inviabilidad financiera, se podrá reequilibrar financieramente la asignación, para mantener el servicio público de transporte ferroviario de pasajeros con un flujo de efectivo positivo”, dice el título del Fonadin.
Este fideicomiso cuenta con más de 133 mil millones de pesos, pero los recursos para construir los trenes están saliendo del presupuesto de egresos.
De 1937 a 2001, el PRI mantuvo a la paraestatal Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) como la operadora de trenes de pasajeros, hasta que fue liquidada por no ser rentable.
El erario, sin embargo, sigue pagando 25 años después las jubilaciones de ex trabajadores de Ferronales, que en 2026 costarán 2 mil 742 millones de pesos.
Nuevos controles de fiscalización
Andrés Manuel López Obrador, en tanto, no sólo entregó las obras de los últimos tres tramos del Tren Maya a la Sedena, sino que también la convirtió en su “dueña”, al crear la paraestatal del mismo nombre que controlan los militares.
El Tren Interoceánico es administrado por la Secretaría de Marina (Semar), a la cual fue transferida la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).
Estas empresas, que suman casi dos mil empleados propios, tienen que hacer solicitudes de presupuesto anual, y revelar en sus estados financieros los subsidios para operación que reciben del Gobierno, que en 2025 fueron de 4 mil 809 millones de pesos.
