La problemática en torno al fenómeno migratorio irregular global no radica en las personas migrantes, sino en sus causas de origen, es decir, la falta de oportunidades de vida y laborales dignas, la violencia y la inseguridad, los contextos políticos adversos, las repercusiones socioeconómicas por la pandemia de COVID-19, así como la guerra en Ucrania.
Sin embargo, también hay que reconocer que, por ejemplo, la relación bilateral México-Estados Unidos, así como la construcción de cada una de estas naciones se ha cimentado, entre otros factores, en la migración.
De manera lamentable, tragedias como la del pasado 27 de junio en la que 53 migrantes perdieron la vida por asfixia dentro de un tráiler localizado al suroeste de la ciudad de San Antonio, Texas, dan visibilidad momentánea a la magnitud de los riesgos que implica la movilidad humana.
Tratar de evadir la detección por parte de las autoridades y el aumento del flujo migratorio hacia Estados Unidos —tan sólo el pasado mes de mayo las autoridades de ese país registraron un incremento del 205 por ciento respecto a 2021 en cruces irregulares en la frontera con México— incentivó el tráfico ilícito de personas migrantes, negocio ilegal que se expande dentro de estructuras delictivas, como los cárteles de las drogas.
Insisto en que se deben combatir las verdaderas causas que empujan en las personas la decisión de moverse de su país de origen pues, de no hacerlo, quienes emprenden el camino hacia Estados Unidos seguirán arriesgándolo todo, incluso la vida.
Por ello, las estrategias y acciones bilaterales se tienen que centrar en crear las condiciones hacia una migración segura, ordenada, regular y humana, con base en el Pacto de Marrakech (2018); en el refuerzo de los marcos legislativos que abonen a la cooperación y protección, y en la definición o el replanteamiento de las estrategias propuestas, con una visión real y multidimensional en y desde los países de expulsión, tránsito, acogida y reintegración de personas migrantes.
México es hoy un país con estas cuatro dimensiones, que evidencia el crecimiento y la evolución del fenómeno migratorio: en 2021 fuimos la tercera nación del mundo en términos de nuevas solicitudes de asilo.
La respuesta a este magno desafío debe ser a escala mundial, de responsabilidad compartida, ya que la movilidad humana no se detendrá y seguirá al alza, sumando a personas de más nacionalidades. Se trata tanto de brindar mejores condiciones de bienestar en los países de origen como también de proteger y dar acceso al derecho de migrar o solicitar refugio.
Las políticas restrictivas y de control fronterizo, así como la resistencia a la gestión de permisos laborales, entre otras medidas, no han dado los resultados necesarios. Tampoco que el fenómeno migratorio esté inmerso en narrativas electorales, que lejos de buscar soluciones, exacerban acciones coercitivas contra el derecho de migrar.
Autoridades como las del estado de Texas necesitan reconocer que sólo a partir de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos, y la atención a las causas de raíz que dan origen a la migración en nuestro continente será posible tener éxito hacia un flujo promigrante, regular, seguro y ordenado en beneficio común.
Existen ya ejemplos de buenas prácticas: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por medio del Programa de Reubicación e Integración, apoya a personas refugiadas a despuntar sus vidas en sus nuevas comunidades en México; además, se anunció el aumento de 300,000 visas temporales de trabajo para personas mexicanas y centroamericanas en Estados Unidos, un país que requiere urgentemente de mano de obra. Sin embargo, el reto requiere de soluciones exponenciales.
En tal sentido, la reunión que sostendrán los presidentes de México y Estados Unidos es de suma importancia hacia el replanteamiento de los retos del fenómeno migratorio y su aproximación. Pero también dar relevancia a las oportunidades que la migración puede aportar a los dos países en particular y a la región en general.
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