Secretario General del Movimiento Antorchista Nacional
COLUMNA INVITADA
Con alarde de impudicia, exhiben su contubernio funcionarios y delincuentes en Tijuana, Baja California
La última fase de la pérfida maniobra comenzó con una conferencia de prensa de la abogada Ana Érika Santana, acompañada de las personas que se ostentan como “descendientes de los fundadores de Tijuana” y como legítimos propietarios de los terrenos conocidos como “Polígono Seis”, hoy habitado por unas 200 familias de precaristas. Lo curioso de tal conferencia es que, ni la abogada ni sus representados presentaron una sola prueba, un mísero papel, el que fuera, para respaldar sus pretensiones y legitimar sus exigencias de justicia, y, en cambio, insistieron una y otra vez hasta quedarse roncos, en que el culpable (¿de qué?) es el delegado de la populosa zona conocida como La Presa Este, el antorchista Ignacio Acosta Montes, y exigieron su destitución inmediata y su encarcelamiento, so pena de hacerse justicia por su propia mano.
El segundo acto de la comedia fue menos chusco. El día 29 de abril, a eso de las doce de la noche, es decir, cuando la mayoría de las familias “invasoras” se hallaban durmiendo, un grupo de unas 100 personas, visiblemente intoxicadas y uniformadas con chalecos fluorescentes y cascos blancos (seguramente para reconocerse en la oscuridad), armadas con garrotes, varillas, cadenas, bombas molotov, bidones con gasolina y armas de fuego y acompañadas de una retroexcavadora, arremetieron contra las familias y viviendas del “Polígono Seis”, pegaron fuego a varias de ellas y a todos los vehículos que hallaron allí estacionados y la emprendieron a varillazos, garrotazos y disparos de armas de fuego contra quienes salían corriendo de sus viviendas, aterrorizados por el incendio o por lo sorpresivo del ataque. El saldo fue de varias decenas de heridos, entre ellos José Corrales Almejo, gravemente lesionado por disparo de arma de fuego en el abdomen, quien murió mientras recibía atención médica. Además de las casas incendiadas o derruidas por la retroexcavadora y de los carros convertidos en hierros humeantes o en chatarra, también por los golpes de la máquina, el piso de la colonia quedó cubierto con la pedacería de los humildes enseres de sus moradores y con decenas de cascos y chalecos fluorescentes que los atacantes dejaron abandonados.
El brutal intento de desalojo no tuvo éxito gracias al apoyo que los agredidos recibieron de parte de habitantes de colonias vecinas que acudieron en su auxilio. Juntos repelieron el ataque e hicieron huir a los agresores que, en su huida y quizá para evitar ser reconocidos, dejaron un reguero de chalecos fluorescentes, cascos blancos, garrotes, varillas, cadenas y recipientes vacíos. Dejaron también, en manos de la gente que los enfrentó, a ocho delincuentes que responden a los nombres de Carlos Eduardo Cruz Trejo, Manuel Hernández Rebollero, José Ranferi Suárez Alvarado, Raymundo Medina Valerio, Roque Jesús Galindo Castillo, Marcos Casillas Herrera, Jonathan Iván López Sánchez y Miguel Rico González. Todos ellos fueron entregados, prácticamente ilesos, a la policía municipal que llegó al lugar casi una hora después de ocurridos los hechos. A esos hombres, que ojalá lo reconozcan algún día, les salvó la vida el haber caído en manos de una multitud mayoritariamente antorchista, ya que fueron ellos los que evitaron el linchamiento de los detenidos. He aquí una prueba más, irrefutable por añadidura, del carácter humano, noble y sensitivo de nuestra organización y de nuestra lucha, aunque sus enemigos sigan diciendo y repitiendo, ad nauseam, lo contrario. Pero volviendo al tema, puedo asegurar que el asunto de fondo que alega la abogada Santana y sus representados es inexistente jurídicamente hablando. 1°) Ni ella ni sus clientes han acreditado, ni poco ni mucho, la propiedad que alegan; 2°) no hay duda de que el predio en litigio, el “Polígono Seis”, es parte integrante del ejido Ojo de Agua, puesto que así lo registra la resolución presidencial correspondiente, ejecutada en 2012. Además, aparece claramente como tal en el plano definitivo del ejido, y su carácter de propiedad ejidal acaba de ser ratificado en estos días, es decir, en medio del conflicto, por el Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) el cual, además, admitió
públicamente que sus ocupantes actuales están incorporados a un plan de regularización con conocimiento y plena aprobación del ejido Ojo de Agua.
¿Cuál es entonces la verdadera causa del escándalo y las amenazas cumplidas de la abogada Santana y secuaces? Es una causa doble: una demanda sustancial y otra oportunista, derivada, que aprovecha la primera para conseguir sus objetivos. La causa subsidiaria es la de Érika Santana y secuaces, y consiste en que un poderoso concesionario del gran basurero vecino al “Polígono Seis” venía usando parte de éste para realizar algunos procesos de la basura y para estacionar sus máquinas (una de ellas, por cierto, es la retroexcavadora que acompañó a los malandros). El asentamiento de las 200 familias precaristas interrumpió este uso y afectó los intereses del poderoso “rey de la basura” y es por eso que puso en acción a su abogada de cabecera y a sus paleros. Esto venía ocurriendo de algún modo de tiempo atrás, pero no había llegado la sangre al río porque faltaba la protección del municipio, protección que ahora sí tienen gracias a su coincidencia con los propulsores del problema principal.
Resulta que en las recién pasadas elecciones de ayuntamientos en Baja California, el hoy presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro (panista por cierto) buscó la ayuda del líder estatal de Antorcha, el profesor Ignacio Acosta Montes, ofreciéndole a cambio nombrarlo delegado de La Presa Este. El argumento era que reconocía tanto el trabajo como la honradez, el prestigio y la convocatoria de Nacho Acosta en esa populosa zona de Tijuana. A pesar de que ningún otro candidato se había acercado, Nacho contestó como contestamos siempre y en cualquier lugar en casos parecidos: soy miembro del PRI y leal al compromiso con mi partido; mi voto y el de mi gente está, pues, comprometido de antemano, pero puedo, sin faltar a mis deberes, dar a tu gente todas las facilidades de ley para hacer campaña y proselitismo en tu favor. A eso me comprometo si así te parece. Y en esos términos se cerró el acuerdo. Pero ya en el poder, el presidente comenzó a echarse atrás con mil pretextos; finalmente, optó por otorgar a Nacho un nombramiento provisional en calidad de “encargado del despacho”, situación que se mantiene hasta hoy. Al mismo tiempo, comenzó un acoso por varias vías y de varias maneras que no es necesario detallar aquí, hasta llegar al ataque brutal del 29 de abril.
Que es un ataque orquestado desde el poder municipal lo prueban varios hechos bien establecidos. 1°) El retraso de la policía para prestar auxilio; 2°) Su negativa a recoger y presentar como pruebas los cascos, chalecos fluorescentes y armas contundentes que dejaron los agresores y que aún se hallan en poder de los colonos. 3°) La maniobra de haber redactado, en vez de un solo expediente homologado que incluyera el delito de homicidio, dos informes “paralelos”, en el segundo de los cuales se reporta la muerte de José Corrales Almejo como totalmente ajena a los hechos relatados en el primero. El deseo de proteger a los asesinos es evidente. Pero no es todo. Viene luego la actuación de la representante del Ministerio Público, Lic. Hameli Chalico Parra quien, a decir de nuestros abogados, incurrió en las siguientes irregularidades intencionales. 1°) Negarse a recibir oportunamente las denuncias, querellas y testimonios de los agredidos; 2°) negarse a ordenar y asegurar la práctica de las periciales necesarias sobre todos los delitos denunciados por los querellantes; 3°) negarse a investigar el asesinato de José Corrales Almejo, alegando que el informe policial en su poder no reportaba ninguna muerte por arma de fuego; 4°) manipular la audiencia inicial en el tribunal de juicio oral, pues no solo no argumentó correctamente los cargos imputados a los ocho detenidos por los colonos, sino que omitió mencionar siquiera el asesinato de José Corrales exculpando así a los criminales detenidos en flagrancia; 5°) con esto, orilló al juez penal a liberar a los detenidos cuyos delitos son considerados no graves. ¡Así se hace justicia en Tijuana! ¿Y qué con la viuda y los huérfanos del asesinado a balazos por los malandros?
Pero si faltara algo, el 5 de mayo, es decir, 6 días después de los hechos aquí narrados, el secretario del ayuntamiento del municipio de Tijuana, Raúl Felipe Luevano, llamó personalmente a Nacho Acosta para invitarlo a renunciar, “si quieres que las cosas no pasen adelante”. ¿Es o no claro que el fondo del asunto es poner a Ignacio Acosta fuera de la administración municipal por el grave delito de ser antorchista? ¿Y no está claro el contubernio, el apoyo recíproco que se prestan ciertos
funcionarios y los delincuentes para sacar adelante sus intereses comunes? Solo me resta decir que, si antes de proceder a los ataques y a la agresión sangrienta se hubiera hablado con Nacho Acosta cara a cara y de hombre a hombre, es seguro que él hubiera cedido el cargo sin mayores problemas. Pero se prefirió el camino pérfido y tortuoso de los pretextos, el hostigamiento y el ninguneo y hoy, entre los agresores y el delegado antorchista media la sangre de una víctima inocente que hace imposible la simple renuncia. Nadie muere (o nadie debe morir) por nada, y en ello está de acuerdo todo el Antorchismo Nacional. Hoy nuestro derecho a gobernar La Presa Este es mayor, mucho mayor que antes, y lo defenderemos hasta el límite de nuestras fuerzas. Que conste.
