La Cámara de Diputados concretó la reforma que permitirá al IMSS-Bienestar quedarse con al menos 110 mil millones de pesos de las entidades federativas, para ofrecer los servicios de salud a la población sin seguridad pública.
Con ello, se espera que a partir del 2024 las 23 entidades gobernadas por Morena ya no dispongan de los recursos federales que les han correspondido para la operación de los hospitales públicos.
Mientras Morena y aliados defendieron que con la medida se logrará avanzar al modelo de salud eficiente de Dinamarca, la Oposición argumentó que se afecta el Federalismo y se consolida la concentración de recursos por parte del Gobierno, sin rendir cuentas.
Tras una larga discusión, los legisladores aprobaron en lo general reformas a las leyes de Coordinación Fiscal y General de Salud, con 207 votos a favor y 167 en contra.
Se envió al Ejecutivo para su publicación.
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) son recursos que se destinan directamente a las entidades y su administración ha sido autónoma para el pago de personal, compra de insumos y medicamentos, equipamiento e infraestructura.
Para el FASSA se aprobaron 135 mil millones de pesos para 2024, y de éstos, 110 mil millones se los quedaría el IMSS-Bienestar.
Con la reforma, se concretará que no sólo se trasladarán estos los recursos al Gobierno, sino también toda la responsabilidad de la ejecución.
El diputado de Morena Arturo Roberto Hernández Tapia explicó que con la reforma se logrará completar el mecanismo de federalización del sistema de salud del País, a través de la implementación de un sistema “de colaboración y coordinación” de personal, infraestructura, equipamiento, medicamentos y demás insumos asociados con el IMSS-Bienestar y las entidades federativas.
“En este sentido, la reforma que votaremos plantea un mecanismo jurídico-administrativo-financiero que permite que los recursos que corresponden a las entidades federativas para salud sean canalizados al IMSS-Bienestar a través del Fondo de Salud para el Bienestar”, explicó.
“La reforma es necesaria para fortalecer la reforma publicada en mayo de este año y que permitió entre otras cosas que las entidades federativas puedan acordar con la Federación a través del IMSS-Bienestar que este último se haga responsable de la prestación de los servicios de atención médica a favor de las personas sin seguridad”, dijo sobre las medidas que se tomaron en el Gobierno a raíz de la desaparición del Insabi, órgano que a su vez sustituyó al Seguro Popular en el inicio del sexenio.
Éctor Ramírez Barba, del PAN, reclamó que el problema no es el FASSA, sino la cantidad de dinero que ha dispuesto el gobierno para otorgar los servicios de salud y el retroceso en la calidad de los servicios.
Con bloques de colores, señaló que el FASSA ya fue operado por el Gobierno a través del desaparecido Insabi, salvo las entidades que no aceptaron sumarse el modelo centralizador.
Dijo que desde el 2019, el Gobierno gastó 480 mil millones de pesos en el sistema de salud, monto que fue aumentando cada año.
“Para el 2023, 658 mil millones de pesos y solamente 27 mil millones de pesos corresponden de los estados no adheridos al Insabi. Sumados son más de 2 billones 312 mil millones de pesos. Y si ahora le ponemos lo que quieren hacer ‘del toma todo’ para el 2024, va a tener esta institución 734 mil millones de pesos. Esta es la evolución del gasto en salud que ha manejado el gobierno federal. En total, 3 billones 526 mil millones de pesos”, explicó.
“Vean qué hemos logrado con 3 billones de pesos, hemos logrado que la esperanza de vida del 19 al 21 baje cuatro años. Estamos igual que Bolivia, Botsuana, Rusia y Omán. Los cuatros años menos se lo debemos a esta ineficacia del gobierno en todas sus instituciones de salud. Claro, administradas por ya sabemos quién, que le pasa los millones al hermano de ya sabemos quién”, condenó.
El priista Yerico Abramo explicó que con la reforma quedarán sin efecto los acuerdos de coordinación para la descentralización, con lo que se afecta el esquema federalista en la dotación de recursos para salud.
“Esta no es una adecuación, esta es una abominación que destruye la Ley de Coordinación Fiscal, que detiene el crecimiento federalista en nuestro país y que pone en retroceso la dignificación de la salud.
“El recurso va para el IMSS Bienestar, le van a mandar 135 mil millones de pesos que lo digo con toda transparencia no hay la forma de comprobarlos”, advirtió.
Recordó que en el 2022 la Tesorería de la Federación dio al Insabi 64 mil 100 millones de pesos, más su presupuesto recurrente, pero luego el dinero se devolvió.
“¿Saben cuánto, al terminar el año 2022 regresó el Insabi a la Tesorería de la Federación?, 101 mil millones de pesos. Pero, lo más grave es que de estos 101 mil millones de pesos no hay forma de rastrear en qué se invirtieron, pero les aseguro algo: no fue en salud, puesto que hoy hay 50 por ciento menos atenciones de consulta médica, según datos del Coneval”, explicó.
Retó a los morenistas a que visiten cualquier clínica del sector salud para conocer las carencias y comprobar que el dinero no fue aplicado para mejorar los servicios a la población.
