El Centro Histórico de Querétaro corre el riesgo de convertirse en un enorme tianguis al aire libre. Lo que comenzó como un problema de comercio informal se ha transformado en un conflicto político que los gobiernos panistas estatal y municipal han sido incapaces de resolver. Mientras la autoridad administra el problema, los ambulantes administran las calles.
La paradoja es evidente. En octubre de 2024 el Municipio anunció un operativo para garantizar un Centro Histórico libre de ambulantaje; meses después presentó un Plan Estratégico que identificaba alrededor de 240 artesanos pertenecientes a cinco agrupaciones y proponía 50 espacios rotativos de venta. En abril de este año creó una Comisión Municipal de Comercio Artesanal y Turístico y en junio todavía buscaba nuevos predios para reubicar el Mercado Artesanal. Mucho diagnóstico, muchas mesas y demasiados meses después, el conflicto sigue vivo.
Parte del problema nació de decisiones políticas equivocadas. La anterior Secretaría de Gobierno municipal incluso informó en 2025 que había artesanos instalados en dependencias y espacios como la Secretaría de Gobierno, Palacio de Justicia y Casa de Cultura. Lo excepcional terminó enviando un mensaje peligroso: mediante presión, protesta y negociación política podían conquistarse espacios que deberían estar sujetos a reglas generales.
Los comerciantes establecidos tienen razones para protestar. Pagan renta, licencias, impuestos, nómina y servicios mientras soportan frente a sus puertas una competencia que, cuando carece de autorización, utiliza gratuitamente el espacio público. En marzo comerciantes establecidos denunciaron el regreso masivo de ambulantes a calles como Madero y afectaciones a sus ventas. La CANACO ha advertido además que detrás de algunos vendedores existen liderazgos que distribuyen mercancías y ha defendido la protección del comercio formal.
Tampoco todo lo que se extiende sobre una manta puede cubrirse con el romántico concepto de “artesanía”. Desde hace años existen denuncias sobre productos industriales y de origen chino comercializados como si fueran artesanías locales; incluso verdaderos artesanos han señalado afectaciones económicas por la competencia de productos importados. Confundir al artesano indígena que preserva una tradición con cualquier vendedor de mercancía industrializada constituye otra injusticia.
Pero el derecho tampoco admite simplificaciones. El artículo 5º constitucional protege la libertad de dedicarse a un comercio lícito, pero expresamente permite su regulación cuando se afectan derechos de terceros o de la sociedad. Y el artículo 115 reconoce al municipio facultades reglamentarias sobre materias de su competencia. El derecho al trabajo no significa el derecho a apropiarse de una plaza, una banqueta o un andador. El espacio público pertenece a todos.
El abuso de un derecho no puede convertirse en patente de corso; pero tampoco puede combatirse con improvisación, golpes, decomisos arbitrarios o ausencia de diálogo. En diciembre pasado un enfrentamiento entre inspectores y comerciantes terminó con funcionarios lesionados y con la suspensión de un inspector captado golpeando a un artesano. Cuando la política fracasa, aparece la fuerza; y cuando aparece la fuerza sin estrategia, todos pierden.
Ahora aparece además el fantasma de 2027. Conforme se aproximan los tiempos electorales, cada organización representa votos, movilización y eventualmente estructura territorial. El incentivo político para posponer decisiones difíciles aumenta. Y ahí está precisamente la trampa: gobernar pensando en la próxima elección en lugar de pensar en la próxima generación.
Querétaro necesita distinguir al verdadero artesano del comerciante irregular; levantar un padrón público y verificable; determinar origen y naturaleza de las mercancías; ofrecer espacios dignos y comercialmente viables; aplicar el reglamento sin excepciones y establecer una mesa permanente de diálogo con comerciantes, vecinos y organizaciones.
Ni represión ni capitulación. Orden con sensibilidad social, pero orden al fin. Porque cuando la autoridad abandona la calle para no pagar costos políticos, alguien más termina ocupándola.
