Los “lineamientos generales” que buscan regular noticias y opiniones con el pretexto de garantizar “los Derechos de las Audiencias” colocan a México al lado de países autocráticos como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán, Malasia y Tailandia, advirtió ayer Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19.
El activista, quien el pasado 8 de julio fue designado Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, consideró que detrás de la supuesta intención de defender los derechos de las audiencias se esconde una voluntad censora.
“Bajo pretextos de combate al terrorismo, combate a la desinformación, protección incluso de las infancias, bajo planteamientos que buscan objetivos legítimos, se terminan instrumentalizando para censurar. Tenemos el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero también en Sudán, también en Malasia, también en Tailandia.
“Es decir, nuestros referentes con legislaciones o marcos regulatorios similares no son democráticos y han sido más bien utilizados bajo un objetivo que puede resultar legítimo, pero con intenciones censoras“, advirtió Maldonado.
El anteproyecto, dado a conocer el pasado lunes por la Presidenta Claudia Sheinbaum, dijo Maldonado, es la acción más reciente de presión a la libertad de prensa y de hostilización a los medios de comunicación y a los periodistas, que empezó con Andrés Manuel López Obrador en su segmento de la Mañanera denominado Quién es quién en las mentiras y ha continuado en el actual sexenio con Infodemia y Derecho de Réplica.
Peligroso tribunal de la verdad
“En los hechos están erigiendo esta comisión como un tribunal de la verdad y como un verificador de noticias y ya vimos que esas experiencias no acaban bien. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se han venido haciendo esfuerzos de supuesto fact checking que han terminado muy mal. Recordemos el Quién es quién en las mentiras, Infodemia, y ahora esta sección de Derecho de Réplica”, dijo.
Lo que los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han pretendido hacer, afirmó Maldonado, es constituirse en un tribunal de la verdad y juzgar qué es, desde su perspectiva, información veraz y objetiva, vulnerando así el derecho de las audiencias a contar con información plural, cierta y objetiva.
“La materia de esos lineamientos y la manera como los pretende regular es alarmante, sobre todo en el artículo 12, que establece que los concesionarios de radio y televisión, a grandes rasgos, no pueden dar información descontextualizada o noticias falsas o información falsa o hechos pasados presentarlos como presentes. Y ahí surge la duda: ¿quién va a definir cuándo la información es falsa, cuándo la información está no verificada? Pues va a ser el propio Gobierno federal“, explicó el relator de la ONU.
